Tos cuecen fabes, pero algunos chamúsquenles
Lo de que España es diferente, debe ser algo que se conoce hasta en el último rincón del mundo. Pero por si alguien aún no lo sabe, los hechos nos lo demuestran casi a diario.
Hace cosa de un año supimos por los medios, que nuestra Hacienda estatal estaba reclamando deudas de los cuatro últimos años a emigrantes retornados que cobrando pensiones del extranjero no las incluían en sus declaraciones de IRPF. Los afectados alegaban, en su mayoría, desconocer la obligación de hacerlo. Movilizados en distintas ocasiones en protesta por lo que consideraban injusto; aquí en Asturias, este periódico publicaba el 30 de septiembre de 2014, unas declaraciones de una diputada del PSOE dándoles la razón y venía más o menos a decirles, que era una medida totalmente injusta del Gobierno del señor Rajoy que demostraba ser muy insolidario y recaudador con los emigrantes retornados.
En el Principado, que yo sepa, gobiernan los socialistas, los mismos que apoyaban a los emigrantes deudores con Hacienda y, resulta que ahora, según informaba días atrás LA NUEVA ESPAÑA, Servicios Sociales del Gobierno asturiano, exige deudas de miles de euros a familias de ancianos fallecidos en asilos o residencias públicas del Principado, por la diferencia entre lo pagado a cargo de sus pensiones, y el coste real de las plazas que ocupaban en dichas residencias.
No se puede entender que en plena época de la informática se den estas situaciones. Tanto en el caso de los emigrantes con Hacienda, como en esto último de los ancianos con los Servicios Sociales del Principado, como mínimo, se está demostrando en mi opinión- una ineptitud total por parte de los responsables de estos organismos. Si los emigrantes no tributaban teniendo obligación de hacerlo, deberían haber sido requeridos a ello desde el primer año del cobro de sus pensiones sin esperar a acumular deuda tributaria durante años; y, si un anciano/a con familia, no está o estaba cubriendo con su pensión el total del coste de su plaza en residencia, la familia debería ser informada puntualmente de dicha circunstancia y de las consecuencias que eso podría acarrearles cuando el anciano/a falleciera; y, no esperar, como según parece, años a exigirles hacer frente a deudas contraídas por sus mayores ya fallecidos. Una vez más, queda demostrado que por mucho que espatuxen los políticos, unos contra otros, el refrán dic la verdad, y ye que, en to les cases cuecen fabes, pero algunos chamúsquenles.
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