España, diversa, sí, pero unida
Una de las misiones prioritarias del Gobierno de España, dada la gravedad del momento, tiene que consistir en tomar decisiones que, por el bien de todos los españoles, resuelvan los conflictos que amenazan el orden constitucional y muy especialmente la convivencia nacional. Ciertos personajillos , sin valorar las consecuencias, parecen estar reclamando el estallido del sistema, olvidando que en situaciones delicadas como la presente deberán ser las instituciones las que garanticen la estabilidad.
Al fin, el pulso que Artur Mas sigue manteniendo contra la legalidad ha despertado la conciencia de algunos valientes. La deriva institucional de Cataluña hacia una declaración unilateral de independencia ha roto algunos silencios cómplices --no excesivos, por desgracia-- y los códigos de esa extraña permisividad que ha conseguido un goteo de secesionismo adormecedor.
Mas sigue liderando hoy una suerte de golpe de Estado, y quienes cuestionan la hipotética utilización del artículo 155 de nuestra Constitución para despojarle del uso abusivo del poder, pecan de timoratos.
Por otra parte, hay a quienes se les sigue llenando la boca comentando la ilegalidad del tema, pero sin actuar eficazmente, que es de lo que se trata. Por un lado el poder ejecutivo legisla en virtud de oportunidad política, pero de forma tardía, puesto que esta amenaza independentista lleva gestándose desde hace varios años por un representante político que ha dividido a la sociedad catalana y, a la vez, ha generado un odio del que se amamanta principalmente su propio partido. En esto la responsabilidad no es únicamente de Artur Mas, la responsabilidad es colectiva, es de todo aquél que por acción u omisión participa en este atentado contra la unidad de España.
La defensa de la unidad de España y las fórmulas que el Estado debe emplear para garantizarla se han convertido en arma arrojadiza en lugar de ser un principio irrenunciable de los partidos con vocación nacional. La virulencia del desafío secesionista se basa precisamente en una drástica ruptura de Cataluña. Por ello, la réplica debe ser igual de contundente. La ambivalencia y la equidistancia en busca de "terceras vías", están condenadas al fracaso ante la envergadura del chantaje independentista. Sencillamente, porque es ilegal.
Sin querer dramatizar en exceso, puede decirse que quedan menos de 60 días para el ser o no ser de España. Mariano Rajoy aún tiene tiempo pues para zanjar la cuestión; aplicar sin más demora el artículo 155. Hoy, Mariano Rajoy puede hacerlo, ya que dispone de mayoría en el Senado, y es precisamente en la falta de acuerdo en el Senado en el que confían los independentistas para lograr su propósito.
La enorme responsabilidad de Rajoy por haber llegado a estas fechas sin enfrentarse decididamente con el problema separatista, le obliga a tener que actuar con urgencia, cuando ha tenido toda la legislatura por delante y con mayoría parlamentaria. Esta importante cuestión no afecta solamente a Cataluña, sino que al mismo tiempo puede tener efectos miméticos en otros territorios con alguna singularidad en su identidad, y, puede decirse, que no hay región que no tenga alguna.
Para Rajoy, la crisis económica fue lo prioritario, nos lo demostró continuamente, pero dejó de lado un problema mucho más importante, como son los ímpetus nacionalistas para el desmembramiento de España.
Por eso, pueden esperarnos días de gran desasosiego político, pues no se ve un horizonte claro y despejado del problema. Mariano Rajoy es, en ocasiones, un político inseguro y poco o casi nada transparente.
En resumen, la legislatura se acaba y es hora de tomar una decisión definitiva, es el momento pues de una reacción rápida y contundente.
De lo contrario puede decirse que terminó la paz y la concordia, cosas por lo que lucharon con enorme largueza aquellos mesurados y juiciosos políticos de la Transición.
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