Los riesgos de las armas Taser
En la entrevista a Andreu Soler, publicada en LA NUEVA ESPAÑA el 27 de septiembre, el responsable de la empresa que importa armas Taser a España y Andorra afirma que dichos Dispositivos de Energía Conducida (DEC) no provocan ningún efecto negativo para la salud y rechaza las críticas de Amnistía Internacional (AI) al respecto.
Sin embargo, los informes de AI son elocuentes y deberían ser tenidos en cuenta por los responsables de las Corporaciones Municipales que, como en el caso de Llanera, han decidido dotar a su Policía Local con uno de estos DEC. El último de los estudios, publicado en diciembre de 2008, fue realizado en EEUU, país en el que está más extendida su utilización.
Según este estudio, el número de personas muertas tras recibir una descarga de este arma en Estados Unidos entre 2001 y agosto de 2008 asciende a 334. El 90 por ciento de las personas muertas tras recibir la descarga de una Taser estaban desarmadas, y muchas no parecían constituir una amenaza seria. Muchas fueron sometidas a descargas repetidas o prolongadas muy superiores al ciclo estándar de cinco segundos, o fueron aplicadas por más de un agente al mismo tiempo. Hubo incluso personas a las que se les aplicaron descargas por no cumplir una orden policial tras haber quedado incapacitadas por una primera descarga.
Otros estudios existentes muchos de ellos financiados por el propio sector de armamento han concluido que el peligro de estas armas es generalmente bajo en adultos sanos. Sin embargo, estos estudios tienen un alcance limitado y han señalado la necesidad de conocer más a fondo los efectos de estos dispositivos en personas vulnerables, como las que se encuentran bajo los efectos de drogas estimulantes o las que tienen problemas de salud. Por otra parte, estudios recientes realizados con animales han concluido que el uso de este tipo de armas puede causar arritmias mortales.
En lo que concierne a España, aunque su uso no es generalizado y según las informaciones recogidas no parece existir una demanda significativa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, AI ha denunciado la falta de control y regulación sobre este tipo de armas, en un contexto donde varias fuerzas de seguridad a nivel local las han adquirido, incorporándolas como dotación entre sus agentes. El Ministerio del Interior español, en una carta dirigida a la organización, afirmó que no dotaría a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil de dichas armas debido a sus potenciales riesgos.
AI pide a todos los gobiernos, organismos y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que suspendan el uso de pistolas Taser y otras armas parecidas hasta que se lleven a cabo más estudios rigurosos e independientes, o restringir su uso a situaciones en que se precise su utilización inmediata para evitar el recurso a armas de fuego. Además, el uso arbitrario o abusivo de tales armas debe ser tipificado como delito.
Francisco Javier Fernández López es presidente de Amnistía Internacional en Asturias
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