Estado catalán y cálculo político
Ante la aprobación de la resolución independentista en el Parlamento catalán, el Estado debe tomar medidas contundentes, con la aplicación de todos los mecanismos legales para mantener la unidad territorial de nuestro país. Y aunque Rajoy ha dicho que las reacciones deben ser proporcionadas para evitar el victimismo, considero que la excesiva gradualidad en la aplicación de medidas ejecutivas puede ser, a mi juicio, peligrosa.
Creer que el enfrentamiento con el naciente Estado catalán corresponderá al futuro Ejecutivo que saldrá de las elecciones generales del 20-D puede ser una equivocación. El artículo 155 tendría que ser aplicado ya, antes de que la Cataluña independiente que pretende constituirse ilegalmente llegue a serlo, de hecho, por la vía de la fuerza y de la falta de respeto al legítimo orden constitucional vigente y al derecho. Es un intento de golpe de Estado.
Es la hora de los hechos, y los ciudadanos exigen que se cumplan las leyes en Cataluña. Y aunque sólo 300 de los 17.000 mossos son independentistas, podría producirse un conflicto si el Gobierno asume la dirección de todas las fuerzas policiales. ¿Se creará, efectivamente, un nuevo Estado en Cataluña?
La respuesta negativa depende, en mi opinión, de una reacción fuerte y rápida del Gobierno de la nación, ya que la puesta en marcha de instituciones catalanas y de nuevas disposiciones y normas en Hacienda, Justicia, Economía, etcétera, que desobedecen el marco constitucional y autonómico es la prueba palmaria del inicio de la república catalana. Aunque todo esto va a ser suspendido legalmente, los independentistas seguirán con su proceso de ruptura o desconexión de España.
Aunque el jueves el Tribunal Constitucional, previsiblemente, ordenará la suspensión de los acuerdos de la resolución independentista aprobada ilegalmente. Pero esto puede no ser suficiente para parar el desafío soberanista.
Que el presidente del Gobierno establezca las prioridades y la gradualidad de la respuesta, según los pasos que se den desde las instituciones catalanas, puede parecer, a priori, muy coherente. Pero si se usa la fuerza para despreciar la soberanía del pueblo español y el cumplimiento de las leyes y de la Constitución, no se debe invocar el victimismo para no actuar con firmeza.
Y aunque estén contemplados todos los escenarios posibles por parte del Gobierno, lo más importante es cortar, radicalmente, la desobediencia a las leyes sin más dilaciones y esperas.
En el supuesto del probable desenganche con España por parte del Gobierno catalán, parece que se tomarían tres medidas principales. La primera sería la suspensión del fondo de liquidez. La segunda es la iniciación de querellas por posibles delitos de desobediencia y rebelión. Y una tercera medida sería la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución, con la que los Mossos dependerían, directamente, del Ministerio del Interior.
Si se sobrepasan todos los límites democráticos, el Estado debe actuar, con todo su poder ejecutivo, dentro del respeto exquisito al ordenamiento legal vigente actualmente en nuestro país. El excesivo cálculo político ante el desafío independentista es, sin duda, perjudicial, porque presupone dudas e inacción que pueden ser aprovechadas por la república catalana que se está formando, aunque sea ilegalmente. Zapatero, por ejemplo, decretó el estado de alarma en el conflicto de los controladores aéreos y no pasó nada grave.
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