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Cinco años de injusticia

22 de Diciembre del 2015 - Francisco Javier Fernández López (Oviedo)

En diciembre de 2015 se cumplen cinco años de la extradición de Ali Aarrass a Marruecos por parte de las autoridades españolas, en contra de las advertencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional de que podía ser objeto de régimen de incomunicación, tortura y juicio injusto en Marruecos; la extradición se produjo bajo acusación de terrorismo, a pesar de que, en 2009, la Audiencia Nacional española había archivado su caso ante la falta de pruebas. Desde entonces, Ali Aarrass es víctima de múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura y maltrato, régimen de incomunicación durante su detención y juicio injusto.

En 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que el Estado español no había evaluado adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos y, por lo tanto, que la extradición constituía una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el Gobierno español tenía la obligación de proporcionarle una compensación adecuada por la violación sufrida y tomar todas las medidas de cooperación posibles con las autoridades marroquíes para asegurar un monitoreo efectivo del trato recibido en Marruecos.

Sin embargo, estas medidas no se tomaron, por lo que Ali Aarrass comenzaba el 25 de agosto una huelga de hambre coincidiendo con la fecha del segundo aniversario de la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, que pedía a Marruecos su excarcelación tras apreciar que había sido declarado culpable en un juicio injusto basado en una confesión contaminada por la tortura. Aarrass suspendió su huelga de hambre el 4 de noviembre, tras su ingreso en el hospital, atendiendo a los ruegos de sus familiares, que temían por su vida, ya que no era capaz de asimilar ni siquiera pequeñas cantidades de agua.

En noviembre, las autoridades marroquíes han cerrado la investigación sobre las torturas, sin conclusiones, ni informe final, y denegado el acceso al expediente a sus abogados, pese a las evidencias de tortura constatadas por el propio relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y un médico forense independiente.

Amnistía Internacional, tras este lustro de injusticia, pide lo siguiente:

A las autoridades españolas, que cumplan con sus obligaciones, que le han sido establecidas por el Comité de DDHH de la ONU.

A las autoridades marroquíes, que, de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Ali Aarrass sea puesto en libertad de inmediato y se le ofrezca la debida reparación.

Francisco Javier Fernández López, portavoz de Amnistía Internacional Asturias

Oviedo

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