El Estado lo distorsiona todo

El Estado siempre es bueno, no desarregla nada y lo que hace es por el bien de la sociedad. Después de 35 años de raca-raca sobre que necesitamos un Estado protector, es muy difícil cambiar la mentalidad estatista de la sociedad. Pues bien, aquí van unos casos en que creo que el Estado perjudica a los ciudadanos.

El primero se refiere a las pensiones. Pienso que el mejor sistema es el mixto, el que se aplica en los países anglosajones (ojalá copiásemos muchas cosas de ellos) de forma obligatoria. Se combinan dos tipos de cotización y posterior prestación: el de reparto y el de capitalización. En el de reparto es el Estado (Seguridad Social) el que se encarga de recaudar un porcentaje sobre las rentas salariales y empresariales. No es un porcentaje alto, por lo que la posterior pensión ronda para todo el mundo un importe medio de 1.200 euros, suficiente para vivir decentemente. Después está el de capitalización, que también es obligatorio. En éste cada ciudadano elige qué entidad privada recauda, gestiona y paga la posterior pensión. Aquí el cotizante es propietario de una cuenta de cotización y es el responsable de hacer un seguimiento de la misma.

En España es obligatorio el sistema de reparto. La Seguridad Social se nutre de las cotizaciones de los trabajadores (ese impuesto al empleo que paga el empresario del 29,9 por ciento y el 6,35 por ciento que aporta el propio empleado). Todo va a un fondo común que se reparte en un futuro a los pensionistas en la cuantía que marquen sus años de cotización y su base reguladora, y a partir del 1 de enero de 2019, la esperanza de vida. A partir de ahí, cada ciudadano, de forma voluntaria, contrata con una entidad financiera la gestión de su plan de pensiones privado (capitalización).

Los progres no admiten para España el sistema mixto. Estiman que el de reparto es el más justo, garantiza más igualdad y protege mejor a las personas. Naturalmente, el de capitalización es un invento del capitalismo para dar negocio a las entidades privadas, que engañan a los ciudadanos con el manejo de los mercados y altas comisiones.

Viene esto a cuento porque el 30 de noviembre del pasado año, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció la jubilación anticipada para los policías municipales. O el plus demográfico que se empezará a pagar a las mujeres, de hasta 2.688 euros, con dos o más hijos que se jubilen a partir del 1 de enero de 2016. También la bonificación generalizada de 500 euros para ciertos contratos durante cuatro años.

No entro a juzgar la conveniencia de estas medidas tomadas poco antes de las elecciones generales. Lo que sí veo mal es que estas decisiones políticas afecten a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Creo que las medidas de solidaridad y apoyo tienen que ir a cargo de los Presupuestos Generales, es decir, de los impuestos, para no dejar el dinero de los trabajadores y sus jubilaciones al albur de los políticos de turno. Esto es lo que se hace en los países desarrollados.

Estas arbitrariedades un plan de pensiones privado no lo hace. Lo hace el Estado y, naturalmente, no pasa nada.

La segunda distorsión es cuando el Estado ayuda a disminuir los salarios y las condiciones laborales. Me refiero a los contratos de obras y servicios que adjudican las administraciones públicas. Generalmente, se concede al que presentó la oferta más baja, que suele estar un 40 por ciento más baja que el precio fijado.

Hace años se adjudicaba al que estaba en la media o se expulsaba a los que estaban fuera de los porcentajes que marca la baja temeraria. Ahora no, es a la oferta más baja, sea cual sea. Esto deriva a que la empresa contratista pague sueldos bajos, se contrata a los trabajadores sólo cuando hay carga de trabajo, por días o semanas. Esto no es baladí, ya que afecta a cientos de miles de trabajadores. Se culpa a las empresas de explotadoras y poco humanas sin saber que es el Estado quien ocasiona esto.

La tercera tiene que ver con las listas de espera para hacerse una prueba o una operación quirúrgica. El período medio de espera es de seis meses, lo que obliga a muchos ciudadanos a contratar un seguro privado de salud pagado con su bolsillo, además del pago obligatorio que realiza mediante las cotizaciones al Sistema Nacional de Salud. Imaginen las protestas, movilizaciones que habría si una empresa privada de salud retrasase las pruebas u operaciones seis meses. Pero es el Estado y se le perdona.