Colombia ¿hacia una paz sin garantías?

Una de cada tres personas defensoras de derechos humanos asesinadas el año pasado en el mundo era colombiana. Los datos parciales indican que 54 fueron asesinadas allí, a pesar de los diálogos de paz que abren esperanzas en medio de muchas incertidumbres.

Los ataques incluyeron amenazas de muerte individuales y colectivas, seguimientos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desaparición forzada, homicidios, atentados y robos de información. Las víctimas: miembros de pueblos indígenas y de organizaciones campesinas que luchan por la tierra y en su defensa, sindicalistas, ambientalistas, opositores de la gran minería, muchas mujeres, integrantes del colectivo LGBTI, estudiantes, profesores, periodistas, miembros de juntas de acción comunal y de organizaciones de víctimas...

El 2015 fue un año importante para la terminación del conflicto armado con los pre-acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana, y el presente lo será más si las partes logran firmar el próximo 23 de marzo- el Acuerdo de fin del conflicto. Será un proceso de paz incompleto si no se dialoga también con el ELN y el EPL. La reducción de la violencia asociada al conflicto en zonas con presencia de las FARC, contrasta con el escalamiento de la guerra por orden presidencial contra el ELN en todo el país, incluido la zona del Catatumbo, frontera con Venezuela, donde también opera el EPL.

En esa zona y en su sitio de trabajo fue asesinada el pasado 17 de enero, NELLY AMAYA PÉREZ, defensora de la tierra y del territorio, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en San Calixto, sobreviviente del exterminio contra el partido de izquierdas Unión Patriótica.

El 15 de diciembre/15 en Cartagena de Indias fue asesinado ROBERT VENECIA VEGA, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción, SUTIMAC-CUT. Durante el 2015 al menos 18 sindicalistas fueron asesinados a pesar del compromiso de protegerlos contenido en las cláusulas de derechos humanos de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con los Estados Unidos y con la Unión Europea.

El 13 de noviembre/15 paramilitares asesinaron en Trinidad a DANIEL ABRIL, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, miembro de Comité de Derechos Humanos del Meta y ¡Delegado por el Departamento del Casanare ante la Mesa Nacional de Garantías! Defendía las tierras y las aguas devoradas por las multinacionales petroleras, luchaba contra la corrupción y estaba amenazado por militares de la Brigada XVI del Ejército Nacional.

Cuatro días antes en Buenaventura, caía asesinado el defensor de derechos humanos JOHN JAIRO RAMÍREZ, líder afrodescendiente, de la Fundación Rostros y Huellas que enfrentan el terror paramilitar y la complicidad de la policía que sólo protege al puerto y al muelle de contenedores.

Durante todo el año 2015 hubo centenares amenazas de muerte, también impunes, contra campesinos que exigen la restitución de sus tierras despojadas con violencia, y contra los opositores de los grandes proyectos de inversión. Por eso dispararon ante policías impasibles el 19 de diciembre/15 contra los indígenas Cubeo en el predio El Porvenir en Puerto Gaitán. Los Latifundistas y petroleras como la New Granada Energy tienen la Policía a su servicio y escuadrones que amenazan a indígenas, campesinos y organizaciones de derechos humanos, como la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

Muchos riesgos devienen del uso de la justicia para perseguir opositores sociales, como en el caso de los 13 estudiantes detenidos en Bogotá en julio/15 en un operativo espectacular trasmitido por los medios, acusados de terrorismo y rebelión, una red urbana del ELN que ponía petardos. El montaje de la fiscalía se cayó, los jóvenes quedaron libres pero marcados.

Este 19 de enero, hace un año, fue desaparecido y asesinado el joven dirigente popular CARLOS PEDRAZA SALCEDO, del Congreso de los Pueblos. La investigación no avanza en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y su crimen continúa impune, como miles más. Su hermano GUSTAVO, perseguido, estuvo refugiado en Gijón y bajo protección internacional hasta hace tres meses, acogido por el Programa Asturiano de atención a Víctimas de la violencia en Colombia.

Hay centenares de personas que defienden los derechos humanos en alto riesgo en Colombia. El gobierno sólo protege a algunos. Sus medidas resultan insuficientes e ineficaces, sobre todo si no acaba con la impunidad y con el paramilitarismo.

Hay lucha social y esperanzas de paz con justicia social, pero no hay garantías. Eso llaman a constatar las organizaciones colombianas a la XII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos, que comenzará sus trabajos de campo el 19 de febrero en Bogotá.

Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos

Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias Luciano Romero Molina.