Deriva-2 en la Universidad Popular de Gijón
La deriva ideológica de la Universidad Popular (por deriva se entiende aquí, un movimiento, una corriente, una desviación del rumbo previsto), la podemos detectar no sólo en los contenidos de los cursos que se vienen impartiendo durante los últimos años, sino también en el modelo de gestión y organización por los que han optado sus responsables políticos. Por ello hoy toca fijarnos en quiénes son los que confeccionan la oferta formativa y tienen el poder de seleccionar/contratar/despedir al profesorado que va a impartir los cursos. No se nos escapa que esta es la competencia fundamental de cualquier institución de carácter formativo, sea de carácter reglado o no, como la U.P. de Gijón.
Según nos consta por informaciones recibidas de la propia dirección de la institución, esa función la vienen externalizando por el procedimiento de subcontratas con empresas de trabajo temporal (ETTs), que practican uno de los modelos de contratación más perversos en el mercado laboral de este país. La pregunta pertinente es: ¿Por qué la dirección de la UP renuncia a ejercer su responsabilidad en determinar la programación, la selección del profesorado y sus salarios? La respuesta es meridianamente clara: Porque así elude establecer cualquier relación contractual con su personal docente. No les importa que así recorten las ya bajas retribuciones del profesorado, pues parte importante de lo presupuestado para ese capítulo de personal se les detrae para pagar el servicio de esas empresas externas.
En definitiva, están privatizando la gestión de lo público, totalmente en línea con el insaciable capitalismo global, que está hundiendo nuestra economía y a gran número de trabajadores y trabajadoras de este país. Lo intragable es que esta deriva ideológica no se debe, en este caso, a presiones ajenas, sino a la libre voluntad y decisión de quien pilota esta institución: la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón, precisamente de un partido que se autoproclama socialista. Los directivos de la U.P. son muy conscientes de que estas figuras de gestión tienen un alto índice de responsabilidad en el proceso de inestabilidad en el empleo, en la institucionalización de la desigualdad por género y en la segmentación de la fuerza de trabajo. Y saben que, además de reducir los costes salariales de la mano de obra, externalizan el control disciplinario de la misma e introducen nuevos sistemas de coerción.
Es triste recordar que no hace mucho y en otras circunstancias a alguno de los actuales dirigentes políticos de la Universidad Popular les oí decir a boca llena y con coraje: Es imprescindible la defensa a ultranza de lo público.
¡Cuánta amnesia y derivas produce en el ser humano el ejercicio del poder! ¡Puaf!
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