¿Hay vida sin Esperanza?

Esta es precisamente la pregunta que muchos altos dirigentes del PP, incluida su cabeza más visible, se estarán, o deberían estar haciendo después de que la señora Aguirre decidiera dimitir de su cargo como presidenta del PP madrileño. Siempre es un mérito que un dirigente político, aún no acusado directamente de corrupto, dimita de su cargo por la responsabilidad política de haber nombrado y mantenido en su área de gestión a personas manifiestamente implicadas en meter la mano, directa o indirectamente, en las arcas públicas, aunque, en este caso, el mérito se quede sólo a medias por no irse directamente a casa a hacer calceta y mantenerse al frente de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ello, el hecho de que una persona de la relevancia política de Esperanza, que ha sido durante muchos años una referencia para el resto de sus dirigentes, y que ha llevado al PP a más triunfos que Ben-Hur en el circo romano, haya dado este primer paso tiene que ser, necesariamente, el pistoletazo de salida para el inicio de una profunda renovación dentro del partido, como condición sine qua non para recuperar la credibilidad de los ciudadanos y seguir siendo, a los ojos de muchos españoles, una fuerza política moderadora que impida que en nuestro país se instale la anarquía, vía sectarismo y radicalidad.

Si ardua se estaba poniendo la tarea de conformar un Gobierno que, con una mínima garantía de estabilidad, ponga en marcha la XI Legislatura de nuestra aún inmadura democracia, los casos de corrupción que continuamente están aflorando a la luz pública, en el peor de los momentos, la están haciendo aún más difícil. La práctica exclusión del PP para formar parte de un gran pacto con el PSOE y Cs, en lo que a la vista de la envenenada situación parlamentaria que nos han dejado las urnas en las últimas elecciones generales sería lo más conveniente para el país, tiene mucho que ver con todos los casos de corrupción presentes en las filas populares y la tibieza de sus dirigentes en su erradicación, aunque tampoco en este caso el PSOE esté en condiciones de arrojar la primera piedra, está lastrando la posibilidad de llegar al mejor y más racional de los acuerdos y, lo que sería peor, a punto de entregar el control del Gobierno de España a fuerzas emergentes de más que dudosas intenciones. Las manidas palabras que el improvisado candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, repite sin cesar, manifestando su interés de encabezar un gobierno progresista y reformista que, según sus propias declaraciones, ponga remedio a los muchos y complejos problemas que afectan a nuestro país, nos hace ponernos en guardia sobre sus verdaderas intenciones y, por ende, dudar del sentido que, consciente o inconscientemente, está aplicando a tan solemnes expresiones. Si realmente está considerando el progresismo como un avance en las libertades públicas, y el reformismo como doctrina conductora del cambio hacia la mejora gradual de la situación política y social, no parece que los compañeros de viaje que, por la lógica de la aritmética parlamentaria y su negativa a ningún pacto con el PP, le podrían facilitar el acceso a la Moncloa sean los más adecuados para lograr estos ambiciosos objetivos. Si, finalmente, por puros intereses personales, el señor Sánchez conduce al PSOE al tremendo desatino de pactar un Gobierno con un partido tan sectario como Podemos, cuajado de resentimiento y revanchismo, cuyo único objetivo es dinamitar el orden establecido para romper todas las estructuras que sostienen un Estado democrático, las consecuencias para España podrán ser realmente letales. Las reacciones que, por la gran incertidumbre creada, se podrían producir, tanto en los más importantes sectores económicos que operan en nuestro país como en nuestras relaciones internacionales, serían, a buen seguro, muy negativas para el conjunto de los intereses nacionales. La inversión y, como consecuencia, el desarrollo y el empleo sufrirían un parón que podría lastrar, de forma notable, la aún frágil recuperación que ya se venía vislumbrando, conduciéndonos hacia una situación de inestabilidad de consecuencias imprevisibles.

Dada la complejidad de la situación en la que estamos inmersos, lo más racional o, dicho de otra manera, el menor de los males sería la convocatoria de unas nuevas elecciones. A tenor de las encuestas que se barajan, no parece que unos nuevos comicios nos vayan a llevar a un escenario radicalmente distinto al que ahora tenemos pero, al menos, podrían servir para que los dos grandes partidos tradicionales, siguiendo el ejemplo de Aguirre, tengan la oportunidad de cambiar a sus cabezas de cartel y, como consecuencia, se pueda crear un nuevo clima de diálogo y entendimiento. Con todos los puntos en contra y a favor que se puedan poner a esta medida, creo que, en un balance objetivo, y teniendo en cuenta que el menor de los males siempre es el mejor de los remedios, la conclusión final a la que se puede llegar es que merecería la pena intentarlo.