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Vitaldent y sus múltiples franquicias

27 de Febrero del 2016 - José Antonio Gutiérrez González (Piedras Blancas)

El duro golpe policial asentado a la cúpula de la cadena de clínicas dentales Vitaldent sigue inquietando a miles de pacientes que se encuentran en tratamiento y cuyo importe económico ha sido adelantado en muchos casos., ligándose a créditos bancarios. La naturaleza de las acusaciones al adinerado propietario y a 12 directivos de la empresa (fraude fiscal y blanqueo de dinero, se les imputa), es cosa seria. Aunque ya las asociaciones de consumidores, en previsión, se han apresurado a aconsejarles cómo actuar si detectan irregularidades en los servicios contratados, no debiera afectar a los clientes.

El propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, ya en la cárcel, regularizó dos millones de euros durante la amnistía fiscal de 2012. Aprovechó la ocasión en el momento en que el Gobierno permitía a los defraudadores normalizar su situación pagando un 10% de impuestos. No obstante, esta cifra saneada por Colman, se considera mínima en relación con el volumen de dinero que blanqueaba anualmente en paraísos fiscales, ya que la cúpula directiva de Vitaldent recibía anualmente 17,25 millones de euros que ocultaba a la Hacienda pública, según reciente informe de la Dirección General de Policía.

Este desmesurado escándalo Vitaldent llega apenas dos semanas después de que otra cadena, Funnydent, cerrara de forma sorpresiva nueve de sus clínicas dejando en la estacada a muchísimos pacientes. Estos dos casos, vienen a poner de manifiesto zonas oscuras de un sistema de franquicias en el sector odontológico, que ha debilitado el tradicional mercado de la medicina bucal privada.

Ciertamente, la mayor complejidad de las especialidades dentales, sobre todo la necesidad social por la falta de servicios odontológicos en la Sanidad pública, viene a esclarecer ciertos problemas de las empresas cuyo modelo de negocio permite centralizar servicios, bajar costes y hasta abaratar precios. A todo ello, se une asimismo la precariedad salarial de muchos de sus empleados.

Por tanto, estas y otras irregularidades ahora detectadas exigen una rápida y completa revisión del funcionamiento de todas las compañías a cuyos objetivos sanitarios y mercantiles, quedan sujetas la salud y la economía de muchísimas familias españolas.

Pongamos, pues, un oficial remedio ágil y satisfactorio para toda la población en general.

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