La seguridad marítima no puede ser objeto de mercadeo
He leído en los últimos días en la prensa asturiana declaraciones y comentarios sobre una pretendida intención del vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, de convertir El Musel en una especie de puerto basura del Cantábrico. Hubiera sido deseable que antes de lanzarse por un camino así alguien se hubiera tomado la molestia de comprobar, con un poco de rigor, si esa pretendida intención tenía o no fundamento.
Debo precisar que nunca ha sido la intención del vicepresidente Tajani la de convertir El Musel en un puerto basura. Al contrario, en las discusiones que se han producido en Bruselas sobre los problemas de financiación comunitaria de El Musel, la posición constante de la Dirección General de Transportes, y por ende del comisario, ha sido siempre que la ampliación de El Musel es coherente con los objetivos de la política comunitaria del transporte, y ello al menos por tres motivos:
- 1.º Tener un gran puerto en el Cantábrico puede ayudar a descongestionar el tráfico que va a los grandes puertos del norte de Europa (Amberes, Rotterdam, Hamburgo, etcétera);
- 2.º Gijón tiene una autopista del mar con Nantes, en línea con lo que se propugna desde la Comisión Europea;
- Y 3.º, y éste es el elemento que ha generado polémica, el puerto de El Musel podría convertirse en un lugar de refugio tal y como prevé la legislación europea desde 2002.
Si hay una institución que se ha mostrado activa en evitar que se produzcan de nuevo catástrofes como la del Erika o el Prestige, esa es la Comisión Europea. La obligación de tener doble casco para ciertos barcos, las listas negras de barcos que no pueden atracar en Europa o el mayor control de las sociedades de clasificación han sido impulsadas desde la Comisión. Desde 2002 existe también una directiva comunitaria, la 2002/59, que obliga a los estados miembros a adoptar planes para albergar, en las aguas bajo su jurisdicción, buques en peligro. Son los estados miembros, y no la Comisión Europea, los que determinan cuáles han de ser los lugares de refugio. En este contexto, compete a España decidir, si quiere o no, que El Musel sea lugar de refugio.
En suma, lo que se pretende desde la Comisión es que haya los medios para que desastres como el Prestige no se vuelvan a producir. La seguridad marítima no puede ser objeto de mercadeo. Si el comisario europeo de transportes apoya la ampliación de El Musel es simplemente porque el proyecto es positivo para la política europea de transportes. Atribuir otras intenciones a ese apoyo está fuera de lugar.
Miguel Puente Pattison,
Jefe de prensa de la Comisión Europea en España, Madrid
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