La farsa de Turquía como país seguro
En la madrugada del sábado 19 de marzo, cuando ni siquiera se había secado la tinta del acuerdo Unión Europea-Turquía, unos 30 solicitantes de asilo afganos, a quienes se les había denegado el procedimiento de concesión de asilo, eran devueltos por Turquía a Afganistán pese al temor de sufrir ataques talibanes. Esta medida, que viola la legislación europea y la internacional, demuestra que la aplicación del mencionado acuerdo sobre refugiados está poniendo en peligro la vida de las personas refugiadas en tránsito en Turquía, desde el primer momento.
Estos hechos son idénticos a las devoluciones y otros abusos que Amnistía Internacional documentó en un informe de diciembre de 2015. La organización constató que se aprehendía a personas refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera occidental, se las detenía sin acceso a abogados y luego se las devolvía a Siria e Irak tras obligarlas a firmar documentos de "regreso voluntario". En aquel momento, la Comisión Europea respondió que mantendría este "grave asunto en estudio", aunque sigue sin reconocer las violaciones documentadas por Amnistía Internacional.
En los últimos meses se ha trasladado a un número creciente de personas refugiadas interceptadas cuando se dirigían a Grecia al centro de expulsión de Erzurum, financiado por la Unión Europea, desde el cual han sido devueltas a sus países de origen sin acceso a abogados y a procedimientos de concesión de asilo.
Aunque la legislación turca protege el derecho de las personas solicitantes de asilo a solicitarlo estando en situación de detención, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que no se ha permitido ejercer este derecho en la práctica, pues las solicitudes de asilo de las personas que están aún en Turquía rara vez se tramitan. En virtud del derecho a la libertad de acceso a la información, Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones datos sobre el número de solicitudes tramitadas por las autoridades turcas y el de personas con estatuto de refugiado. Las autoridades se han negado una y otra vez a facilitar esta información alegando que es confidencial.
Las devoluciones a Turquía no pueden hacerse partiendo de la base de que Turquía es un país seguro para las personas refugiadas. La Unión Europea debe adoptar un plan de reasentamiento independiente y trabajar con su socio turco para poner fin a los abusos contra los derechos de los refugiados. Sin puntos de referencia en materia de derechos humanos ni una supervisión independiente de la aplicación del acuerdo Unión Europea-Turquía, no hay garantías de que estos abusos no se repitan.
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