El Principado y el Camino de Santiago

Hace unos días, leíamos que el Gobierno del Principado impulsará un plan especial en torno a los 560 kilómetros del Camino de Santiago a su paso por Asturias para poner en valor sus albergues, redes viarias, elementos patrimoniales y la señalización como revulsivo para promocionar la ruta jacobea con fines turísticos y culturales.

Recordemos que en la actualidad el Camino de Santiago es un asunto religioso, vía de peregrinación, factor cultural y turístico y somos muchos los Asturianos que no vemos prioritario de que nuestro gobierno gaste una peseta en ese asunto, teniendo el patio económico y de necesidad social que tenemos en Asturias.

Les recuerdo, que la Constitución de 1978 señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero 38 años después nos encontramos con que las relaciones del Estado con la Iglesia católica no sólo siguen casi con la misma orientación que durante el franquismo, sino que en el terreno económico se ha producido un incremento considerable a su favor.

El poder económico real de la Iglesia católica en España es prácticamente imposible de calcular dada su peculiar organización, la opacidad con la que funciona y su dependencia del Vaticano.

Se puede afirmar que esta entidad privada, dotada de innumerables privilegios por parte del Estado, no sufre la crisis y disfruta de un verdadero paraíso fiscal. Además de haberse convertido en un negocio muy rentable. En una época en la que persisten, injustas quitas a los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales a la comunidad, parados, pensiones), a las personas con dificultades o sin trabajo, etc., la Iglesia católica española ha seguido recibiendo financiación del Estado (central, autonómico y local) sin recorte alguno.

Incluso en algunas partidas se les ha aumentado, en particular para su obra de caridad y asistencial. Esta situación es ilegítima e injusta. Todo esto ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos, que mal informados podrían estar faltando, el respeto a la ciudadanía.

El Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales. Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España.

Sr. Presidente, el culto y cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio deberían ser financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles de esa doctrina religiosa y no como se pretende, como en este caso por todos los Asturianos.

Es importante resaltar que la jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos en enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, mediante la autofinanciación progresiva. Han pasado más de 37 años y la Iglesia Católica NO ha cumplido su compromiso y, por lo tanto, nosotros no deberíamos de estar obligado a cumplir este Acuerdo.

El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que se han ido aumentado las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española, habiéndose incluso incrementado en 2006 por el gobierno del PSOE a cambio prácticamente de nada. En ese año, lejos del compromiso de autofinanciación, se consolidaba a futuro un sistema de financiación permanente por la vía de la declaración de la renta.

La Iglesia católica española es inmensamente rica, no ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos, como el IBI, obras, sociedades, etc. Como consecuencia de varias leyes cruzadas: Leyes de Mecenazgo y de Haciendas locales, más los Acuerdos concordatarios de 1979. ¡ Ah y no pasa por el Tribunal de Cuentas, en el caso de Asturias por la Judicatura de cuentas.

La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder (una parte de ellos son bienes urbanos y rústicos usurpados al Estado o a vecinos, como consecuencia de la Ley Hipotecaria, desde 1946, afortunadamente ya modificada desde junio de 2015, aunque sin carácter retroactivo, es decir que lo usurpado se lo ha quedado. En Asturias, como se ha hecho en otras Comunidades, estamos esperando una evaluación de lo escriturado a su nombre.

Sr. Presidente, la iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español. (Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos y nos viene vd. con la resturación del palacio de Cornellana, la movida prevista del camino de Santiago, la restauración de los edificios prerrománicos etc etc?.