Sinvergonzonería a gran escala
Siguen los escándalos de corrupción apareciendo y salpicando muchos espacios de la vida pública española. El asombro y la indignación van en aumento cada día que pasa. Surgen nuevos casos por supuestos delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, como la estafa, la financiación ilegal de los partidos y el blanqueo de capitales, entre otros. También delitos contra Hacienda y contra la Administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos.
Lo último, por ahora, los famosos "papeles de Panamá" y las supuestas extorsiones de las organizaciones "altruistas", como Manos Limpias y Ausbanc, quienes precisamente decían luchar contra la corrupción y en favor de los ciudadanos. La indecencia y la desvergüenza parecen no tener límites en España.
Mirando el lado positivo del tema, si es que lo tiene, es bueno que salgan a la luz esos casos ilegales para que se haga una limpieza pública en todos los sectores de nuestro país. Aunque para ello es necesaria la implicación de todos los poderes, empezando por los propios políticos y por los órganos judiciales. Por una parte, los políticos deben dejar de tener una actitud tibia ante tantos abusos inmorales, y exigir dimisiones y responsabilidades no sólo al adversario, sino en sus propias filas, de forma firme y determinante.
Es preciso, asimismo, el acuerdo de los parlamentarios para la supresión de los aforamientos, pues ningún privilegio debe tener el político que se ampara en su cargo para delinquir. Y por otro lado, tienen que estar garantizadas la independencia y firmeza de los tribunales para que puedan actuar con responsabilidad y prontitud contra dichos actos ilegales, que no pueden quedar impunes.
Ya de por sí resultan indignantes las corruptelas de cualquier tipo, pero más aun cuando éstas prescriben por demora de quienes los amparan, por la falta de medios judiciales o por la injerencia de determinados poderes. Sentaría muy bien dotar de más personal y medios a la justicia e incluso que se crearan tribunales específicos para este tipo de delitos económicos. Eso podría ayudar, y mucho, a que infinidad de casos escandalosos no se cerraran en falso y sin responsabilidad para quienes se han beneficiado del dinero público, del dinero de todos los españoles.
A los condenados por estos escándalos no sólo se les ha de imponer la pena correspondiente, sino también exigirles la responsabilidad civil, que implique la restitución y reparación de los perjuicios y la indemnización por daños materiales y morales.
Así, sí sería posible una auténtica justicia social contra la corrupción.
Cuestión aparte, estos últimos cuatro meses pasados en blanco con seguridad han dejado datos a los ciudadanos para reflexionar detenidamente sobre el voto que más les conviene. No lo echemos en saco roto.
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