Sectarismo en estado puro

Siempre había creído que el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la nueva Constitución Española, marcaría un antes y un después en la vida de todos los españoles, aparcando definitivamente todos los prejuicios derivados de la larga etapa de nuestra historia surgida a partir de la tristemente recordada Guerra Civil y que, dejando atrás odios y rencillas largamente larvados, nos uniría definitivamente a todos en el objetivo común de conseguir el mayor nivel de desarrollo económico y social para nuestro país y, por ende, las más altas cotas de bienestar para todos los que lo habitamos.

Durante muchos años, con alternancia de izquierda y derecha tanto en el Gobierno Central como en las Comunidades Autonómicas y Ayuntamientos, parecía que el objetivo de la reconciliación definitiva entre todos los españoles era un objetivo alcanzable. En abril de 2004, a partir de la llegada de ZP a la Presidencia del Gobierno, ya se empezaron a atisbar algunos nubarrones en el horizonte que sembraban ciertas dudas sobre el futuro de la citada reconciliación, asunto al que la llamada Ley de Memoria Histórica, del 26 de diciembre de 2007, vino a poner un rejón de muerte al reconocer, con manifiesta y sectaria preferencia, los derechos de las víctimas de uno de los bandos, tergiversando torticeramente los hechos históricos e ignorando de forma clara y miserable a los del otro. Las tensiones y acaloradas discusiones que entonces se produjeron, y que aún hoy persisten, sobre la forma de proceder para restaurar el honor de unos, mientras se ignoraba a los otros, cambiando nombres a calles, eliminado monumentos y cualquier otro vestigio que recordara al bando vencedor de una contienda que llevó el país al desastre, en la que todos fueron perdedores, volvieron a devolvernos a un pasado que ya debería estar superado y a enturbiar la normal convivencia que con tanto esfuerzo se había tratado de alcanzar.

Las últimas elecciones autonómicas y municipales de 2015, junto con las generales del pasado 20 de diciembre, en las que una fuerza emergente, sin ideario político definido, pero manifiestamente situada en la extrema izquierda, ha tomado plaza en muchos centros de poder, las actuaciones sectarias, radicales y marcadamente revanchistas han ido ganando terreno hasta extremos que ya se habían considerado totalmente superados, poniendo en serio peligro todo lo que de positivo se había ganado durante todos estos últimos años de paz y convivencia democrática, haciendo resurgir fantasmas que jamás nos hubiésemos atrevido a pensar que pudieran renacer de sus cenizas. Los ejemplos de lo que está sucediendo en ayuntamientos tan importantes como los de las dos ciudades más relevantes de España, Madrid y Barcelona, ahorran todo tipo de comentarios.

Si nos vamos al ámbito local, al Ayuntamiento de Oviedo, donde los destinos del municipio están en manos de un disparatado tripartito, en el que la presencia de uno de los satélites del planeta Podemos está marcando el paso, y que, inmerso en luchas intestinas, con una manifiesta falta de capacidad e ideas para gobernar, solo puede presentar como credenciales el enfrentamiento con todos los sectores económicos y sociales más representativos de la capital, tenemos una referencia de lo que podemos esperar si este explosivo cóctel pudiera editarse a nivel nacional. La última propuesta que tienen en cartera para acabar con todos los símbolos religiosos (cristianos, por supuesto) que puedan aparecer en cualquier rincón del concejo (se ignora, a esta fecha, si también pretenden modificar el escudo de Oviedo y/o demoler las cruces de los cementerios), después de su vano intento de acabar con la Semana Santa y su mezquina venganza materializada en el desalojo de las cofradías del local municipal que ocupaban, amén de la pretensión de solicitar al Ejecutivo que reclame la titularidad de los bienes de la Iglesia cuya pertenencia no esté debidamente justificada, en una reedición de la desamortización de Mendizábal de 1836, lo que seguro pasaría a la historia como desamortización Taboada, es sectarismo en estado puro, además de contener elevadas dosis de vileza y miseria. La prohibición de jurar los cargos sobre la Biblia, que también pretende llevar a cabo este grupo de kamikazes políticos, cuando se ha permitido a muchos tomar posesión con un poco comprometido prometo, seguido de la coletilla por imperativo legal, es también un claro ejemplo de lo que entienden por talante democrático y libertad de expresión.

Todo lo expuesto me empieza a recordar demasiado el escenario que se vivió en España durante las terceras y últimas elecciones generales de la Segunda República, celebradas el 16 de febrero de 1936, en la que se dieron palmarios ejemplos de respeto democrático como el protagonizado por el entonces Alcalde radical-socialista de Alicante, Lorenzo Carbonell, que, sin el más mínimo atisbo de recato, publicó un manifiesto en el que animaba a no dejar votar ni a las beatas ni a las monjas, además de alentar a sus correligionarios a cortar la mano a todo el que vieran con una candidatura de derechas y hacérsela comer. No creo que, aquí y ahora, podamos afirmar que hayamos alcanzado ese nivel; pero, a la vista de algunos hechos, no se puede descartar que ya estemos iniciando el camino. Solo el conjunto de los ciudadanos, los que conforman el censo nacional de personas con derecho a voto, tienen en su mano la facultad de evitar que se llegue a esa indeseable y peligrosa meta.