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Álvarez de Miranda y El Salvador

9 de Mayo del 2016 - Javier Arjona (Siero)

Fallece de viejo Fernando Álvarez de Miranda, primer presidente del Congreso tras el franquismo, militante democratacristiano y de su ala progresista, Defensor del Pueblo y otras muchas participaciones como la Asociación Española de Cooperación Europea.

(Qué diría don Fernando, si viviera, mañana lunes en el día de Europa, es una incógnita que quedará pendiente por siempre, aunque no parece que este activista pudiera convivir con la vergüenza de la expulsión de personas refugiada escala masiva).

Por dos años Fernando Álvarez Miranda fue embajador español en El Salvador, allí conocería a los jesuitas de la UCA que pocas semanas después serían asesinados por el ejército que entró a sus instalaciones privadas en San Salvador.

Y posteriormente, muy posteriormente, seguiría participando en la denuncia de aquel crimen horrendo, lo mismo que otros embajadores comprometidos con los ddhh, como Yago Pico de Coaña, activo dinamizador de la paz, o Máximo Cajal, que sobrevivió al asalto y quema de la embajada española en Guatemala por parte de los militares.

La querella, por asesinato terrorista y crimen de lesa humanidad fue interpuesta ante la Audiencia Nacional por dos asociaciones de Derechos Humanos, y en nombre de Alicia Martín-Baró, monja Carmelita y hermana de uno de los jesuitas asesinados, y en ella tuvo una participación activa el diputado asturiano Manuel García Fonseca, el Pole.

Las víctimas, en 1989, habían sido Elba Ramos y su hija Celina; el jesuita salvadoreño, Joaquín López , y cinco españoles: Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Ignacio Martín-Baró, vicerrector; Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos; Juan Ramón Moreno, director de la Biblioteca de Teología, y Amando López, profesor de Filosofía.

Los militares que asesinaron a los jesuitas habían recibido instrucción pocas semanas antes de una unidad de Fuerzas Especiales de EE UU, de Fort Bragg (Carolina del Norte).

Dos de ellos recibieron condena en El Salvador, tras un juicio en el que también participaron Álvarez de Miranda y García Fonseca. Pero un año después fueron amnistiados y quedaron en libertad. Álvarez de Miranda valoró aquel juicio salvadoreño como un simulacro.

En la Audiencia Nacional española, se tenía testimonio de que "el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) , estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona".

Y se supo que fue el Estado Mayor del ejército el que ordenó los asesinatos.

El auto del procesamiento detallaba que el rector de la UCA fue asesinado por el diálogo que proponía para acabar con el conflicto armado en el país. El grupo de militares, que acaparaban gran parte del poder, se oponía a esa postura y quería volver a la guerra.

Fue clave el aporte de documentos de Álvarez de Miranda a la AN, que a finales de 2011, instaba al Gobierno español a solicitar la extradición de 15 militares salvadoreños, dos de ellos residentes en EEUU, investigados por el asesinato del padre Ellacuría. Finalmente, el Salvador denegó la solicitud de los13 militares, pero este año, de nuevo el procedimiento se relanza.

Cuando el Partido Popular reformó la ley que regula la Justicia Universal, parecía que un nuevo aliado con la Impunidad se fortalecía: no obstante como el auto contemplaba terrorismo de estado, la causa pudo continuar.

Hace año y medio todavía Álvarez de Miranda compartía junto al premiado periodista Gervasio Sánchez conversatorio y denuncia de los asesinatos en la Universidad Centroaméricana.

Un crímen horrendo que mantiene abiertas las heridas de las víctimas y sus familiares, que siguen padeciendo humillación y sufrimiento, y aspiran a conocer toda la Verdad.

Víctimas inocentes son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del río Sumpul y de El Mozote. Víctimas fueron monseñor Romero, los sacerdotes, religiosas y miles de catequistas asesinados durante la guerra. Y todas las personas que fueron violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Estas víctimas nunca han sido centrales para los Gobiernos de posguerra. Se les condenó al olvido y a sus victimarios se les premió con impunidad. Dicen desde la UCA.

Las órdenes dadas a Interpol desde la Audiencia Nacional española para detener y extraditar a 17 militares salvadoreños, autores materiales e intelectuales de la masacre, sigue plenamente vigente.

Y tal vez pueda ser una victoria póstuma de don Fernando.

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