Predicar nun ye dar trigo
Estamos a las puertas de la campaña electoral de las elecciones generales, y cualquier crítica que uno haga a los partidos políticos que se presentan a estos comicios puede parecer que intencionadamente uno pretende inclinar la balanza electoral hacia una u otra parte. Nada más lejos de mi intención -faltaría más-, cada cual debe saber qué es lo que le interesa y, eso sí, sin dejarse llevar de fanatismos irracionales, optar por unos u otros, o por quedarse en casa, tal como ya hacemos algunos desde hace tiempo, convencidos y, sin pretender estar en posesión de la verdad, de que tanto da, como da lo mismo.
Dicho lo anterior, me voy a permitir hacer una crítica a nuestro Gobierno regional por algo que acabo de leer en LA NUEVA ESPAÑA del sábado 28 de mayo, en las páginas de Economía, sobre nuestro, en mi opinión, vergonzante segundo puesto en el orden autonómico en cuanto al pago del impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), justo por detrás de Andalucía, que sufre la mayor carga fiscal por dicho impuesto.
Me llama poderosamente la atención el hecho de que ambas comunidades estén gobernadas por el PSOE, partido que en sus discursos se llena la boca pregonando ser un partido progresista, pero que luego, en la práctica, como en este caso se demuestra, nos la coloca doblada en cuanto puede. En nuestro país, en la actualidad y desde hace medio siglo, ser propietario de la vivienda en que se reside ya no debe ser considerado como un signo de riqueza, ni capitalismo a la antigua usanza; representa, por el contrario, en la mayoría de los casos, el fruto de media vida de sacrificio y privaciones para poder tener cuatro paredes y un techo en propiedad donde cobijarnos hasta el final de nuestros días, ya que el Estado, a pesar de que la Constitución también nos habla de nuestro derecho a una vivienda digna y no nos la da, al final, como tantas cosas, se queda en papel mojado, y si no te buscas tú la vida, nadie te la regala.
Dicho lo anterior, no se puede entender que justo aquellos que dicen ser nuestros defensores, me refiero a la clase baja y media, resulta que sean justo ellos los que obliguen a nuestros descendientes a tener que -en muchos casos- renunciar a su derecho hereditario sobre nuestros bienes, justo porque el afán recaudatorio de nuestros gobernantes les imponen tasas que, lejos de ser justas, resultan -en mi opinión- confiscatorias y a las que no pueden hacer frente. Si esto nos lo hiciese lo que ellos llaman la derechona, no quiero pensar dónde estarían poniendo el grito y adónde llegaría el ruido de los petardos. Lo que demuestra, una vez más, que una cosa ye predicar y otra bien distinta, dar trigo.
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