Una visión distinta a la de Joaquín Mastache de la Peña
Tradicionalmente se defiende que los impuestos indirectos son injustos debido a que todo consumidor paga el mismo porcentaje. Pero en esta afirmación se está ocultando que no todo el mundo compra las mismas cosas ni la misma cantidad, ya que no todo consumidor tiene el mismo poder adquisitivo ni el mismo margen de gasto. Cabe recordar que existen diferentes tipos de IVA: el tipo normal (21 por ciento), el reducido (10 por ciento) y el súper reducido (4 por ciento) para productos básicos. Los consumidores de productos o servicios de gama alta están aportando muchos más impuestos a las arcas públicas que los consumidores de productos o servicios de gama baja o básicos, simplemente porque lo que consumen es más caro.
La posible inconstitucionalidad del IVA es una tarea que le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Constitucional, además cabe recordar que es un impuesto de origen europeo y que existe prácticamente en la gran mayoría de países en el mundo. En España supone el impuesto con mayor potencial recaudatorio, y en un país como el nuestro donde el 60 por ciento del gasto público es gasto social, quien ataca al IVA indirectamente está atacando a la Seguridad Social, Educación, Sanidad...
Si todos pensáramos igual, no harían falta las elecciones; afortunadamente, estamos en una democracia, donde podemos castigar a aquellos políticos que no han actuado decentemente durante el ejercicio de sus funciones públicas. Por ello llegar a un acuerdo con una persona no decente supone admitir, tolerar y aceptar actuaciones no decentes. Por último, el hecho de sacar más votos en unas segundas elecciones, no supone recuperar la decencia.
Respecto al problema de las pensiones, no es que éstas sean altas, sino que:
1. Hay un montón de bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social, es decir, que la Seguridad Social pierde ingresos deliberadamente, por lo que deberían ser eliminadas para potenciar la recaudación.
2. Debido a la última reforma laboral, los salarios son cada vez más bajos y, por lo tanto, se cotiza menos, por lo que urge una derogación de la misma.
3. Aún no hemos recuperado el nivel de cotizantes que había antes de la crisis y los que siguen cotizando lo hacen por una menor base de cotización.
4. Según algunos, el problema es que las empresas cotizan el 85 por ciento y el trabajador, el 15 por ciento, por eso el sistema contributivo de reparto no gusta a la élite económica de este país y va a hacer todo lo posible para cargárselo. Pero es totalmente normal y lícito que pague más el que más tiene.
Resumiendo, sin impuestos no puede haber gasto público, y, como ya dije anteriormente, el 60 por ciento de ese gasto es gasto social.
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