Siguen las prebendas
El mundo de la política se busca la vida. Y, ciertamente, la suele encontrar muy bien planificada.
Hace unas semanas leíamos que el expresidente del Congreso Patxi López tiene derecho a cobrar un total de 77.000 euros en concepto de pensión indemnizatoria por haber ejercido como tercera autoridad del Estado durante siete meses. Fue elegido para el cargo el 13 de enero de este año y lo ha sido hasta el 19 de julio, en que fue nombrada su sucesora, la popular Ana Pastor. Eso sí, para poder percibirla deberá entregar su acta de diputado por Vizcaya.
El exlehendakari percibía mensualmente como tercera autoridad del Estado unos 13.750 euros, incluyendo la asignación económica como diputado, más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas. En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Con independencia de que cobre o no la pensión, López podrá utilizar durante cuatro años el coche oficial y la escolta a la que tienen derecho los expresidentes del Congreso por motivos de seguridad. Su predecesor, el popular Jesús Posada, decidió seguir en el Congreso en la anterior legislatura y no cobrar la indemnización, que, en su caso, habría ascendido a unos 307.200 euros en dos años. Toda una fortuna.
Hoy está siendo noticia el que fue ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, que ha solicitado el pago de la indemnización que le corresponde por su anterior cargo público.
Los políticos a cargo del Estado tienen derecho a cobrar una abultada prestación, independientemente de si han dimitido o les han cesado, y del motivo que haya precipitado esta decisión. En estos casos que se citan, la ley es clara. Cuando se trata de mantener un privilegio a la "clase política" no cabe lugar otra interpretación. Y esto es a lo que se ha acogido el señor Soria: desde mayo de este año cobra los 4.644 euros brutos mensuales (o sea, 111.000 euros en total) que le corresponden por su anterior cargo público, y tiene un límite de 24 meses. Dejaría de cobrar, por supuesto, en el mismo momento en que se incorpore a otra actividad, pública o privada, que sea retribuida. ¡Faltaría más!
Cualquier trabajador español puede dejar el trabajo cuando quiera. Ahora bien, que no espere que ni la empresa para la que trabaja ni la Seguridad Social le asistan durante el tiempo que tarde en encontrar una nueva ocupación. El Estado sólo protege al trabajador cuando el abandono de la ocupación laboral no ha sido una decisión personal.
¡Manda güevos!, que diría Trillo, con las prebendas que se ponen los políticos. ¿Por qué no cobran como cualquier ciudadano normal y corriente? Es decir, el finiquito y el paro que le corresponda por el tiempo cotizado. Entre tanto, la clase trabajadora y con nómina tiene que pagar todas estas fabulosas canonjías y llegar a fin de mes, con dificultades la gran mayoría de ella.
Así le va a nuestro país, donde todo lo que se recauda, amén de lo que nos sisan, se lo llevan los políticos.
¡Bendita política!
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo