Contradicciones

Una noticia reciente es la reelaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). Según informan desde la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje un 35% del territorio será objeto de alguna figura de protección. Parece que el documento ya ha sido elaborado y las conclusiones del mismo están establecidas al menos en sus aspectos básicos.

Esta noticia que, supongo, se difundió a la prensa como ejemplo de la efectividad y dedicación de nuestra Administración de Medio Ambiente, como algo positivo de lo que los habitantes de Asturias debemos alegrarnos, sin embargo me llena de preocupación.

Vuela mi recuerdo a los años 90 del pasado siglo no tan lejano- y al momento de la elaboración del vigente PORNA. No han pasado 15 años y nuestros políticos, o nuestra Administración, ya considera necesario reelaborar el documento. ¿Se han sacado conclusiones de lo andado? ¿Cuáles son?

En aquel momento el marco legal era diferente al actual, el empuje de determinadas opiniones y los mecanismos políticos y sociales para la puesta en marcha de este tipo de planificación permitieron la aprobación de un documento hecho en gran medida de cara a la galería, para satisfacer unas opiniones basadas en una percepción fundamentalmente urbana, administrativa y académica de determinados grupos sociales, administrativos y académicos- del medio en el que vivimos. Un documento impulsado desde unos determinados grupos sociales y profesionales que se arrogaron, parece ser, la obligación en exclusiva de salvar la maltrecha Naturaleza asturiana de las continuas agresiones a las que la sometemos sus habitantes, sus propietarios, sus empresas y sus instituciones. Esta percepción negativa del efecto humano sobre su medio impregna aquel documento.

No quiero entrar a discutir ahora la efectividad o la bondad del vigente Plan. Tampoco sobre la bondad o acierto del nuevo PORNA, no lo conozco aún. No pretendo acusar a nadie ni demonizar determinadas percepciones, seguramente casi todas nacidas desde la honradez y la búsqueda del bien común, tal y como debe cualquier persona presuponer de los demás, si cree en la democracia y en la utilidad de los procesos de dialogo que deben mantenerse para cualquier acción de una fuerte influencia en el destino de la sociedad y de su medio.

Solo quiero manifestar mis dudas respecto a como se pretende elaborar este nuevo PORNA (si no ha sido ya elaborado). Más que nada porque tampoco sabemos si las acciones o los efectos positivos y negativos- del vigente Plan han sido evaluados, si los objetivos y la enumeración de los peligros fueron, son, los adecuados, si las medidas han satisfecho en alguna proporción los objetivos. Tengo dudas sobre si el diagnostico que se dio, en aquel entonces, reflejaba adecuadamente el problema o si estaba sesgado hacia ciertas ideas preconcebidas apoyadas en la patente parcialidad con la que, opino, se elaboró aquel documento.

Y es que, permítaseme ser desconfiado, parece que de entrada nuestra Administración medioambiental sigue en la misma postura o al menos lo aparenta.

Pero ahora hay algunas diferencias respecto al marco legal y a los procedimientos administrativos que rigen la elaboración de este tipo de planes. Es por lo que escribo estas palabras.

En el BOE del miércoles 19 de julio de 2006 se publicó la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a al justicia en materia de medio ambiente. Esta Ley incorpora a nuestro ordenamiento legal las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE de la Unión Europea.

Resumiendo los aspectos de esta Ley que vienen al caso, básicamente el artículo 16 que regula la participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente, donde se dice que el público tiene derecho a -literalmente- expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general.

Parece, por lo que indican las noticias de la prensa, que el Plan ya ha establecido las decisiones generales, proteger el 35% del territorio, y el público, como simple espectador, debe sentarse cómodamente en sus butacas para disfrutar de la lectura de las nuevas tablas de la ley. Colaborar en lo ya ha analizado, diagnosticado y decidido una pequeña parte de la sociedad.

¿Nos encontraremos ante las mismas contradicciones otra vez? Si resulta que Asturias es un territorio humanizado, desde hace más de 7.000 años, en el que las actividades de los diferentes pobladores y su economía han forjado de manera determinante lo que ahora conocemos, si resulta que muchos hábitats asturianos, refugio de la actual biodiversidad, son el resultado de procesos antrópicos, si resulta que lo potencial es una hipótesis más de reflexión pero no la única, si resulta que obtener recursos renovables es una necesidad y es compatible en el tiempo y en el espacio con la conservación y fomento de la biodiversidad, si resulta que la realidad que nos rodea es dinámica y por tanto cambiante, si resulta que los modelos siempre defectuosos- de la realidad no son la realidad, si resulta que en una sociedad democrática es entre todos como se deben determinar los objetivos generales, si resulta que en una economía global pretender quedarse quieto equivale a fomentar procesos de rapiña sobre ecosistemas de trascendencia global, si resulta que .

Y es que la implicación de todos con nuestro medio (ambiente), debe suponer también el consenso sobre lo que es, como funciona y cuales son los procesos que lo configuran y transforman. Esta parte de la participación pública, el debate y los órganos y procesos de inicio de este tipo de planes siguen sin atenderse, sin entenderse, es mi temor.