No a la manera actual de hacer política educativa
Desde que en diciembre de 2006 organizaciones sindicales suscribieran con la Administración un acuerdo que sentaba las bases, al parecer, para la negociación sobre aspectos relacionados con la carrera y el desarrollo profesional, las actuaciones que, sobre el citado acuerdo, ha llevado y sigue llevando a cabo el Gobierno inducen a creer que, por un lado, es inquebrantable esa intención suya de que no se salve nada ni nadie en este cada vez más precario laboratorio de ocurrencias y decisiones políticas que es la educación, que ya hace tiempo tiene como blanco de su diana al profesorado y su labor. Por otro lado, la firma no parece haber hecho más que dar carta de libertad a esa Administración para, de manera ininterrumpida, iniciar un proceso de desmembración y degradación progresiva de todo un colectivo de sus propios funcionarios y aspirantes a serlo, a los que, por otra parte, hipócrita y puntualmente (en vísperas de elecciones) adula y reconoce como instrumento valiosísimo para el logro de aspiraciones aún más elevadas, y a quienes, por lo mismo, da las gracias y, si se portan, un dinero para sus gastos, a cuenta.
Volviendo al encabezado del escrito, las actuaciones que siguieron a la firma de diciembre de 2006, resumiendo, se han traducido, en primer lugar, en una resolución que invitaba, al margen esta vez de organizaciones sindicales, a solicitar voluntaria y personalmente adherirse a una inexistente carrera y a su desarrollo profesional a determinados funcionarios, excluyendo a otros, ofreciendo por ello un dinero que debería devolverse en caso de no superar una evaluación correspondiente tampoco regulada.
En segundo lugar, contra toda lógica, el número de adhesiones a una carrera que aún no era ni es fue importante, y supuso con ello la aceptación de que las retribuciones a percibir lo eran con cargo a cuenta de esa futura carrera profesional, dejando de considerarse ese dinero como lo que realmente era: deuda contraída con todo el colectivo de docentes, ajena y previa, por tanto, a la aplicación que en concepto de retribuciones pudiera seguirse de la tal carrera profesional.
En tercer lugar, a resultas de esa situación, el paso siguiente dado por la Administración consistió en enviar formularios, cuestionarios (en cuyo contenido, mejor no entrar) e inspectores a los centros, solicitando información y datos sobre los encuestados y entrevistados, esta vez todos, solicitantes y no solicitantes, que pudieran ser utilizados para su posterior evaluación administrativa, de la cual derivar la continuidad o no en el pago del dinero de marras, ligando de modo explícito carrera y evaluación. Este paso, hay que decirlo, supuso momentos de intranquilidad entre aquellos que, no dudando de sus merecimientos retributivos, sí parecían dudar, en cambio, de estar o no a la altura de lo que la Administración esperaba de ellos.
En cuarto lugar, la vía jurídica, entre tanto, consiguió fallos y sentencias contrarias a esta normativa y a otras disposiciones, y favorables a los recurrentes, y culminó con la dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia. Leída esa sentencia, se hace incomprensible la permanencia en sus cargos políticos de quienes fueron y son responsables de este despropósito, y aún más de que todavía, por vericuetos cada vez más imposibles (ese último acuerdo firmado con otras fuerzas sindicales), intenten una huida hacia delante, cada vez más injusta, discriminatoria y, sobre todo, más ajena, cuando no ya, extraña a la profesión, la función, los destinatarios y el objetivo del genérico «educación».
Por todo ello, y porque ese futuro con etiqueta que se nos asigne a los docentes está, en el fondo, por decidir (ahí está ese intento de tramitación de urgencia), me atrevo a hacer un llamamiento a la movilización de todos aquellos que, de momento, ejercemos como docentes, para que, más allá de gestos, acciones y errores anteriores (supongo que reconocidos), y, por encima, al margen, o con las propias organizaciones sindicales, cada vez más confusas, tímidas y vacilantes en sus acciones, y desligadas de su tarea, salgamos a la calle y digamos« no» a esta manera de hacer las cosas, a esta manera de hacer política y a esta manera de hacer política educativa.
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