¿Qué debemos hacer ante las agresiones de los poderes del Estado?
El 26 de abril de este mismo año en un anuncio de LA NUEVA ESPAÑA una agencia inmobiliaria ofrecía un piso en Oviedo de 51,5 metros cuadrados y plaza de garaje por 140.000 euros. Al día siguiente iba a ver el piso y, cansado de toda una semana de visitas infructuosas tras una corta negociación, el 29 de abril lo compré por 136.000 euros.
Tras conseguir financiación lo escrituré el 28 de mayo, pagando en ese momento los impuestos legales correspondientes.
El día 3 de noviembre recibo notificación de la Agencia Tributaria del Principado reclamándome 3.270,07 euros, más 45 euros de intereses de demora, porque, según ellos, el piso valía 182.715,22 euros.
Para calcular el valor del piso se basan en un decreto ley de diciembre de 2008 en el que se establece que el valor de un piso será su valor catastral multiplicado por un factor corrector de 3,33.
Lo que más sorprende de este criterio de valoración que establecen es que hasta ese momento y durante los años anteriores, en que, como todos sabemos, los pisos no cesaron de subir de precio, el factor corrector era de 2,7, y justo cuando los pisos están bajando de precio la Administración considera que valen más.
¿Será que ante las necesidades de financiación que tienen las haciendas públicas han optado por exprimir un poco más al honrado contribuyente sin tener en cuenta que el objeto de la ley es evitar el fraude y no penalizar al ciudadano?
¿Cómo podemos considerar esta actitud de la Administración que, a sabiendas, aprueba una norma no ajustada al fin de la misma, que es evitar la defraudación? (si hasta el 2008 el factor corrector de 2,7 era adecuado para valorar un piso, ¿cómo, sabiendo, como sabemos todos y es público –acaso la Administración no se ha enterado– que los pisos han bajado de precio, ha subido ese factor a 3,33 en vez de bajar, como parece lógico).
La respuesta a la pregunta anterior es fácil: prevaricación.
Señores políticos en general y responsables de la Hacienda en particular, ¿ahora que se han acabado los dineros fáciles de la especulación, con los que tan bien se han arreglado estos últimos años para gastar a su libre albedrío, tienen que recurrir a meter la mano en el bolsillo de los honrados contribuyentes para seguir con lo mismo?
¿Qué podemos hacer los ciudadanos contra estos abusos de la Administración?
Ya está bien de considerarnos sus siervos y de aplicar a su antojo el moderno derecho de pernada amparándose en leyes que ustedes mismos hacen con finalidades espurias e inconfesables.
Por último, llamo a todos los que lean esta carta y se encuentren en la misma situación, que, según me han dicho en el banco al que recurrí para poder hacer la compra y, si esto no se remedia, al que tendré que recurrir para que me financie este dinero que la Administración necesita y quiere que yo le financie a coste cero para ella, y la agencia inmobiliaria que me vendió el piso, son cada vez más, a que protesten de todas las formas posibles ante esta situación de abuso de la agencia tributaria.
En caso de estar dispuestos a algún tipo de acción me gustaría que contactaran conmigo, por lo que les indico un correo al que pueden enviarme sus casos: aureliovelas@hotmail.com.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo