¿Quo vadis deuda pública?

Hace unos tres años asistí a una conferencia impartida por un expresidente autonómico de los que han permanecido durante muchas legislaturas en su cargo sobre determinados aspectos políticos de la situación de España en aquellos momentos, que salvo la inexistencia de un Gobierno en funciones poco difiere de la presente. Cuando se refirió a la problemática económica, más bien el déficit presupuestario y consiguientemente a la deuda pública del Estado, espetó a quienes le escuchábamos que "(...) el problema de España no es que haya muchos gastos, sino que hay pocos ingresos (...)".

En sentido superficial, evasivo y sobre todo simplista, la afirmación es cierta, y no faltarán quienes la compartan plenamente sin profundizar en ello. Pero cuando resulta que conforme a los datos del Banco de España la deuda pública española ha aumentado 10.543 millones de euros en el segundo trimestre del presente año (es decir, solamente en 91 días a razón de una media de más de 115 millones de euros cada uno de ellos), lo cual la sitúa en 1,1 billones de euros acumulados a 31 de junio pasado, ni más ni menos que un millón cien mil millones de euros, parece obligado por las autoridades económicas y políticas del país examinar con detenimiento, rigor y seriedad el origen del aumento continuo que experimenta el déficit, así como las medidas urgentes que se deben adoptar de inmediato para frenar ese inquietante crecimiento desbocado.

Y para hacer una comparación asequible a todo lector la cantidad indicada equivale a algo más del Producto Industrial Bruto nacional de un año o, lo que es lo mismo, que la cuantificación monetaria de la totalidad de los bienes y servicios de todo tipo generados en un año en España es algo inferior al importe que el Estado adeuda. Imagínense una economía doméstica, o sea una familia, que se encuentra endeudada por un importe similar a la cuantía de todos los ingresos que obtiene durante un año. Tal situación no parece ni deseable ni defendible, porque de esa forma, ¿a dónde iría a parar esa familia imaginaria? Además, en el caso del Estado existen recomendaciones y limitaciones de la Comisión Europea que en caso de incumplimiento pueden conllevar importantes sanciones pecuniarias. Llovería sobre mojado.

Lógicamente, con una situación de este tipo ya no sirve una justificación, ni una interpretación simplista, ni mucho menos el “dribling” de achacar a la escasez de ingresos la causa del déficit que a su vez ocasiona la deuda pública. ¿No cabe pensar que los gastos son excesivos, en muchos casos injustificables e innecesarios desde cualquier punto de vista económico, social, político, administrativo, etcétera? Pues parece que no, porque las actuaciones en lo que hace a la reducción y control de gastos superfluos, innecesarios e injustificados (malversación y despilfarro incluidos) no son precisamente las que abundan. Simplemente les recuerdo que hace escasas fechas el Tribunal de Cuentas alertaba del ingreso de pensiones en las cuentas corrientes de personas ya fallecidas, concretamente casi 30.000 en 2014, por un importe total mensual de 25 millones de euros. ¿Quién se acuerda ya de las fusiones de ayuntamientos y/o supresión de las diputaciones provinciales como medidas correctoras que ayuden a reducir el déficit público? Porque tan “público” es el déficit generado por el Estado central como por las comunidades autónomas, como por los ayuntamientos, etcétera.

Pero tampoco debemos olvidarnos de que, al igual que en las economías domésticas, las deudas generan intereses, y en el caso del Estado por muy bajos que estén los tipos de interés en los últimos tiempos, el importe de aquellos también va en aumento: en 2007 se pagaron 14.539 millones de euros por tal concepto; en 2015 se fueron 31.750 millones, y para este año 2016 los Presupuestos Generales del Estado tienen consignados 33.490 millones de euros para pagar los intereses del déficit acumulado. ¿Cuánto nos deparará 2017?

Las cuentas de resultados se equilibran actuando tanto desde el capítulo de ingresos como desde el de gastos. Pero en nuestro caso parece que ya hemos alcanzado el techo de ingresos por todos los conceptos, incluso el tan manido y sencillo de la exacción fiscal, por lo que ya es momento de que las administraciones públicas actúen de una forma decidida, comprometida, seria y profunda en el capítulo de gastos “con la diligencia propia de un buen padre de familia” como para ciertos temas indicaba el Código Civil, y también con la diligencia que lo hace cualquier empresario privado, y no digamos nada de un autónomo, que sin vulnerar la legalidad vigente saben y consiguen mantener equilibradas empresas y negocios, y en su caso reflotarlos.

Y finalizo recordando lo manifestado por el director de una afamada revista española de economía en el suplemento dominical de un diario nacional el pasado 18 de los corrientes, reiteración de otras anteriores, en cuanto a que "(...) a los partidos de la oposición les importa poco el estado de las cuentas públicas (...)". ¿Y al Partido Popular? Aunque "en funciones", está gobernando, y con mayoría absoluta lo ha hecho desde 2011. Sin embargo, ni contuvo el déficit público ni tampoco hizo mucho por intentarlo. ¿Habrá alguno que lo haga y lo consiga?

José María Pérez Arias, economista

Oviedo