Las penurias económicas de las arcas públicas
La crisis económica que en los dos últimos años nos ha invadido (y de la que nuestro socialista Gobierno tardó más de un año en enterarse) no solamente afecta a los trabajadores y empresarios, sino que está provocando un cierto pánico en nuestros gobernantes, ante la falta de ingresos en las arcas municipales por el fuerte descenso de la actividad económica (previsible para todos menos para los que nos gobiernan, a pesar de que éstos manejan más datos que los curritos de a pie). Seguramente este pánico les ha sobrevenido al constatar que los ingresos ya no dan para todo (léase sueldos, dietas, viajes institucionales y de los otros, prebendas varias, creación y mantenimiento de chiringuitos en donde enchufar a los amigos y asimilados) y por ello están apretando las tuercas recaudatorias a los pobres contribuyentes a los que les ha tocado, sin motivo aparente, una revisión de sus declaraciones fiscales. Me explico.
Últimamente, la Agencia Tributaria y tras el inicio de una comprobación interna de cualquier impuesto, le remite al contribuyente una liquidación paralela en la que, invariablemente, resulta una presunta diferencia a favor de la Hacienda Pública. (Nunca he conocido que la Administración hubiese hecho una comprobación con resultado a favor del contribuyente. ¿No las hacen o no las comunican?). Cumpliendo lo previsto en la ley General Tributaria, le conceden a usted el derecho de recurso (faltaría más). Pero simultáneamente, la sección de Recaudación y antes de que usted haya tenido la tranquilidad de asimilar y comprobar la reclamación de Hacienda, y antes de que transcurra el tiempo concedido para presentar su recurso, la mencionada sección de Recaudación le exige el pago de la presunta deuda, llegando inmisericorde a embargar cuentas bancarias, derechos de cobro o lo que encuentren, si usted no paga lo que ellos le dicen que les debe, dando por sentado que la Agencia Tributaria tiene razón, antes incluso de que usted haya presentado el recurso contra la liquidación y, aun después de presentarlo, de que la Administración lo haya resuelto.
Esta situación, ya conocida por el que suscribe en más de cuatro casos, en los que posteriormente el recurso presentado prosperó y se produce la anulación en toda o en parte de la deuda provisional que le habían reclamado, le provoca al contribuyente además del cabreo y ganas de cargarse a alguien, un grave perjuicio económico, ya que se ha visto obligado al pago de la presunta deuda, no confirmada y por tanto sin firmeza legal, después de sufrir, en muchos casos, el embargo de sus bienes. Y ahora a esperar que le devuelvan lo que ha pagado de más... que será cuando los funcionarios tengan tiempo de comprobarlo o las arcas públicas dinero disponible.
Estoy seguro de que estos afanes recaudatorios que en todos los ámbitos siempre niegan nuestros bien o mal queridos gobernantes no dependen de los funcionarios, que son los que dan la cara, sino que proceden de los de arriba, que tratan de recaudar como sea para, entre otras cosas, asegurar los ingresos para sus necesarios gastos. Ya, ya sé que los ingresos fiscales se dedican a muchos fines sociales (sanidad, educación, etcétera) y para el mantenimiento del aparato administrativo necesario (funcionarios incluidos), pero ¿se han parado ustedes a analizar los Presupuestos Generales con los que anualmente no apabullan y a qué se dedican muchas de las asignaciones presupuestarias? No me digan que es el chocolate del loro porque en nuestro Gobierno hay muchos loros y cada día más... (como para montar un parque temático...).
José Enrique González Díaz
Villaviciosa
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