A vueltas con el acoso escolar

Año y medio después de publicar en su diario la carta al director titulada "Otro caso de acoso escolar" (09/03/2015) a cuenta de un caso en un centro educativo de la ciudad, y tras atender en consulta a otro buen número de chavales víctimas de acoso escolar, presente o pasado (las consecuencias psicológicas del ciclo de acoso pueden prolongarse mucho tiempo después de que éste haya desaparecido), la situación no puede ser más desesperanzadora.

El caso de la niña de Baleares y del alumno de Olula del Río han vuelto a traer a la actualidad el problema, añadiendo al tema una cierta carga de indignación social más que justificada, que, no obstante, volverá a olvidarse dentro de unos días. A pesar de todo, estos casos son interesantes por ser verdaderamente prototípicos de lo que supone un caso de "bullying".

En primer lugar, muestran la culpabilización de la víctima y la falta de consecuencias negativas que estos hechos tienen para los acosadores. Sobre esto poco se puede decir, salvo que una sociedad que sitúa por encima del bienestar de las personas las excusas jurídicas y las argumentaciones sobre los procesos normativos es una sociedad enferma. Tampoco hace falta ser psicólogo para comprender que si uno ejecuta una conducta negativa sin consecuencia alguna, o incluso con cierto refuerzo positivo (como lo es la sensación de poder), la conducta tenderá a repetirse. No olvidemos que en un grave caso como el de Baleares la irrisoria expulsión de 3 a 5 días sólo se produjo días después del hecho y muy probablemente debido al eco mediático del acontecimiento. Eso por no mencionar la forma de acoso secundario más adulto que suele darse entre las familias de acosadores y acosados cuando los primeros se ven expuestos y que también puede comprobarse en el caso de las islas.

En segundo lugar, exponen la falta de respuesta del centro. Este contexto resulta de especial relevancia, pues es el que determina que la situación de acoso pueda cesar de forma inmediata o se perpetúe y agrave en el tiempo. Así, puedo describir cómo un centro de nuestra ciudad detuvo un caso de acoso en menos de tres días por la valiente y contundente intervención de una docente, y cómo otros dos (cuyo nombre obvio por confidencialidad y no, desde luego, por no tener ganas de gritarlo públicamente) lo empeoraron al intentar priorizar y proteger la imagen de la institución frente a su responsabilidad en proteger a los alumnos acosados, problema que se suele dar en aquellos centros que se ven a sí mismos como empresas en búsqueda de clientes y no como lo que son, o deberían ser, instituciones educativas. No es, por tanto, una cuestión de recursos y formación, sino de voluntad, que, eso sí, suele llevar aparejada como daño colateral para el docente que actúa una cierta complicación de su vida. En el caso de Baleares, según la información publicada, se dio una absoluta pasividad docente, donde no había vigilancia alguna en el lugar de la agresión (ignorando su obligación de velar por la seguridad de los alumnos) y donde los profesionales del centro no tuvieron ni siquiera la decencia de trasladar a la menor al recinto hospitalario, siendo la propia madre de la agredida quien hubo de hacerlo.

Y, finalmente, evidencian la actuación siempre autoexculpatoria de las administraciones públicas, que, independientemente de su ámbito competencial, rápidamente minimizan los hechos y se apresuran a señalar la inexistencia del caso de acoso calificándolo como conflicto o agresión puntual (el equivalente a echar la culpa al muerto en los casos de accidente, no sea que la Administración tenga que asumir gastos). Seguramente, si en el caso mallorquín el agredido hubiera sido el hijo del inefable fiscal, no hubiera tenido la frívola osadía de calificar como leve la agresión o las lesiones. También hay que reconocer, no obstante, que la Administración ha tomado rápidamente medidas contundentes, como revisar el plan de convivencia, los reglamentos de régimen interno y, seguramente, todos los manuales de convivencia cívica publicados en nuestro país, con la enorme eficacia que, como todos imaginamos, estos cambios tendrán en la lucha contra el acoso. Al menos esta vez, y aunque sea por la alarma social generada, el Ministerio ha implantado un número de teléfono contra el "bullying", el 900018018, que comenzará a operar a partir del 1 de noviembre y que esperemos tenga una eficacia real, no siendo un mero movimiento efectista para cubrir el expediente mientras dure la tormenta.

En resumen, que todo apunta a que seguiremos viviendo casos de acoso a diario, también en Asturias, que solamente pasarán a los medios de comunicación cuando las consecuencias de los mismos sean difíciles de ocultar por su gravedad extrema. Mi experiencia me dice que los afectados tendrán que seguir guerreando contra el acoso y contra el sistema, y por eso ante cualquier situación de este tipo mi consejo siempre es el mismo: denuncia inmediata ante los organismos pertinentes y ante los medios de comunicación. Desgraciadamente, sólo cuando los daños los sufre uno mismo (aunque sea por cuestión de imagen), es cuando algunos se deciden a actuar.