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Ha llegado la hora

21 de Noviembre del 2016 - José María W. Gómez Claro (Gijón)

Mucho se habla estos días, de la muerte de una señora mayor de Reus provocada por el incendio de unas velas, única fuente de energía que tenía al serle cortada la luz por estas decisiones burocráticas sin sentimiento y por lo que parece sin culpables, pues todos actuaron correctamente.

Este caso tristemente, es la punta del iceberg de un problema que viene padeciendo desde hace años un segmento cada vez más numeroso de la población española, aumentado a grados escandalosos con la crisis y las políticas de austeridad, sin que se haya abordado de una manera seria y eficaz a la vista de las cifras.

Desde hace bastante tiempo, denunciamos e hicimos campaña entre las instituciones asturianas, los pensionistas de CCOO planteando que era muy necesario tomar medidas para un fenómeno que apuntaba ya como grave, pero tenía todas las trazas de convertirse en una pandemia, como así ha ocurrido.

Algunos municipios dentro de sus posibilidades económicas fueron receptivos y diseñaron medidas para paliar esta tremenda trinchera que se estaba produciendo entre las personas mayores y otros colectivos, que no podían soportar unas tarifas de energía que subían de forma escandalosa en proporción a los salarios y las pensiones.

Pero no ha sido suficiente. No sabemos cuantas muertes se esconden en las estadísticas, provocadas por las condiciones tremendas de calidad vital en muchos hogares. Porque además del agua caliente y la calefacción, se suman otros agravantes como la alimentación, la higiene y la salud, en estas economías precarizadas. Mientras el gobierno habla pomposamente de la subida del PIB para este año y el próximo, el otro pib: pobreza, indigencia y bienestar sigue atascado en niveles de tragedia cotidiana.

El problema está soterrado en las estructuras de la sociedad y de los 5 millones que la padecen, la gran mayoría por vergüenza social no quiere admitirlo públicamente, salvo cuando están al límite. Pero las instituciones tienen la obligación de articular mecanismos para detectarlo y evitar consecuencias tan dramáticas como la muerte de Rosa o la pobreza infantil. Sino los 5 mil millones de euros de beneficios de las eléctricas, además de un escándalo económico es un delito por desatención social a sus clientes.

Ha llegado la hora de que todos: partidos políticos, sindicatos, ongs, plataformas vecinales, tomemos conciencia y elaboremos un plan urgente de medidas para que no vuelva a pasar otro invierno con noticias luctuosas, familias en estado de miseria social y mayores padeciendo abandono afectivo y energético.

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