Bhopal. 25 años de impunidad

El 2 de diciembre de 1984, miles de toneladas de gases tóxicos fueron liberadas a la atmósfera en Bhopal, en el centro de India, debido a un escape en la fábrica de pesticidas de Union Carbide. El escape afectó a medio millón de personas. Cerca de 10.000 murieron en los días inmediatamente posteriores y otras 15.000 a lo largo de los 20 años siguientes.

La mayoría de las personas afectadas por el escape de gas eran personas que vivían ya en la pobreza. Miles de personas perdieron su empleo o su capacidad para ganarse la vida debido a problemas de salud. Su situación empeoró.

Pese a que la fábrica de Bhopal empleaba sustancias y procesos peligrosos, no hay indicios de que las autoridades adoptasen las medidas adecuadas para evaluar el riesgo para las comunidades locales o el medio ambiente, o para presionar a Union Carbide a fin de que revisara los mecanismos de seguridad.

Hasta la fecha, Unión Carbide no ha revelado el nombre de los productos que se dispersaron en el medio ambiente, obstaculizando los esfuerzos destinados a tratar a las víctimas. Esta conducta contrasta con la respuesta de Union Carbide a un escape de gas producido en Virginia (Estados Unidos) en 1985, tras el cual publicó una lista detallada de los productos de reacción.

Cuatro años después del desastre, Unión Carbide y el Gobierno de India alcanzaron un acuerdo extrajudicial por valor de 470 millones de dólares, a pesar de que las víctimas, grupos de la sociedad civil y otras entidades lo cuestionaron por insuficiente. Incluso entonces, los sobrevivientes que intentaban conseguir una indemnización tuvieron que afrontar numerosos problemas, incluidos la corrupción, los prolongados retrasos y la denegación de mecanismos de apelación efectivos.

25 años después, el desastre no ha sido reparado: no se ha limpiado el emplazamiento de la fábrica, no se han investigado debidamente el escape y su impacto, más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud sin recibir la atención médica que necesitan, y los supervivientes continúan esperando una indemnización justa y un resarcimiento completo por su sufrimiento.

El impacto negativo del desastre persiste, y afecta a las nuevas generaciones, que siguen atrapadas en la pobreza. La exposición a los gases tóxicos produce efectos a largo plazo. El pueblo de Bhopal sigue corriendo serios riesgos por la contaminación del suelo, porque no tiene acceso a agua limpia y porque no cuenta con servicios médicos adecuados.

Los sobrevivientes de Bhopal llevan 25 años luchando por la justicia. Un litigio iniciado en 2004 en el que se pedía la limpieza del emplazamiento y otras medidas de rehabilitación sigue en trámite ante el Tribunal Superior de Madhya Pradesh. Los esfuerzos de las víctimas para obtener un resarcimiento a través del sistema judicial estadounidense también han sido infructuosos.

La tragedia de Bhopal suscita interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad, la rendición de cuentas y las obligaciones de las empresas hacia los derechos humanos.

La fábrica de Bhopal pertenecía a Unión Carbide India Limited (UCIL). Unión Carbide Corporation (UCC) empresa radicada en Estados Unidos, era propietaria del 50,9% de UCIL. A pesar de que en su informe anual de 1984 UCC menciona a UCIL como una de sus filiales y que los resultados de ésta estaban incluidos en su balance consolidado para el mismo año, UCC afirma sistemáticamente que UCIL era una entidad empresarial completamente distinta. En 2001 Union Carbide se convirtió en una subsidiaria propiedad en su integridad de The Dow Chemical Company. Dow Chemical ha declarado públicamente que no tiene responsabilidad alguna sobre el escape y sus consecuencias, ni sobre la contaminación causada por la fábrica.

Mientras los habitantes de Bhopal aun hoy luchan por tener acceso al derecho al agua, la empresa elude la rendición de cuentas y obstaculiza los esfuerzos de las víctimas para obtener una reparación.

La tragedia de Bhopal nos hace reflexionar también sobre el papel del Estado. En virtud del derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de garantizar que las empresas no violan los derechos humanos. Cuando las actividades de las empresas vulneran los derechos humanos, los Gobiernos deben investigar y garantizar que existen medidas y se imponen sanciones. El Gobierno de la India no ha respetado ni protegido los derechos humanos de los habitantes de Bhopal.

Bhopal es un caso emblemático de gravísimos abusos por parte de una corporación y muestra claramente lo que puede ocurrir cuando los Gobiernos no pueden o no quieren regular las compañías y exigir rendiciones de cuentas.

25 años después, es necesario asegurar la descontaminación completa de la que fuera la fábrica de Unión Carbide y su emplazamiento, así como la reparación médica, social y económica para los supervivientes y sus familias. Esto incluye la publicación de toda la información sobre el impacto del escape y la comparecencia de Unión Carbide ante la justicia para responder sobre su responsabilidad en la tragedia.