Educación inclusiva a la baja
El pasado 30 de diciembre se aprobaron definitivamente los Presupuestos de la Administración autonómica para el año 2017. Resulta interesante saber qué hay detrás de las grandes cifras que suponen el montante total de los mismos, dónde se aportan recursos, pero, especialmente, de dónde se detraen.
Si hablamos de la educación pública, y atendemos a datos de partidos de la oposición, parece que ésta sufrirá un recorte de fondos de unos 3,5 millones de euros. Desconozco si en esta cifra está incluido el recorte en el horario de atención de auxiliares educativos y fisioterapeutas, y recorte por tanto en fondos a una gran parte de los niños y niñas con diversidad funcional (necesidades educativas especiales), escolarizados en centros públicos; recorte, finalmente, ratificado en estos mismos Presupuestos y avalado por los partidos políticos que apoyaron los mismos.
Cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales nos referimos a alumnos/as con discapacidad física, sensitiva, sensorial, intelectual o cognitiva que cursan estudios en colegios de Educación Especial o en colegios ordinarios bajo la modalidad de inclusión educativa. Por tanto, se trata de uno de los sectores del alumnado con mayor necesidad de priorización en cuanto a medidas de apoyo en atención específica e inclusión educativa. Esta priorización, además de planificación a largo plazo, requiere, naturalmente, inversión, justo lo contrario de lo aprobado en esos Presupuestos.
Una parte de este alumnado, a partir de este segundo trimestre educativo, recibirá una atención educativa, asistencial y sanitaria de segunda, debido a estos recortes realizados sin piedad por parte del Gobierno de Asturias. Sin piedad y sin dudar en ello, porque las consecuencias de esta decisión fueron explicadas a nuestros gobernantes y, a pesar de ello, no fueron en absoluto tenidas en cuenta.
Estos recortes consisten básicamente en que el trabajo que realizan muchos de estos profesionales (170 auxiliares educadores/as y fisioterapeutas) será a partir de ahora a tiempo parcial, es decir, solamente cobrarán el período lectivo que el niño/a está en el colegio. Parecen desconocer nuestros gobernantes que para una adecuada atención a estos alumnos, para satisfacer sus demandas educativas y proporcionarles adecuada respuesta a las mismas, se necesita realizar una labor conjunta y coordinada entre los diferentes profesionales de los centros, y al mismo tiempo entre estos, sus familias y otros servicios públicos y privados implicados, como los Servicios Sociales o las diferentes asociaciones de afectados/as. Para todo ello se requiere formación, preparación, voluntad, vocación y tiempo. De todo ello, excepto de tiempo de trabajo (que nos restan) seguiremos disponiendo, a pesar de estas medidas políticas. Aun así, las madres, padres y alumnos/as pueden estar tranquilos, porque el tiempo, aunque nuestra Consejería no lo contabilice, y por tanto no nos lo remunere, en mi caso, y estoy seguro de que en el de la mayoría, lo seguiré poniendo de mi parte a disposición de este alumnado tan especial como necesitado de medias igualmente especiales.
Es una pena que esas medidas especiales de inclusión educativa, tan rimbombante y periódicamente anunciadas a bombo y platillo, sean muchas veces únicamente palabras huecas y biensonantes. Medidas de recorte como ésta lo demuestran claramente, ya que la apuesta es detraer fondos en lo más fácil y débil, dejando, como es este caso, que el buen hacer educativo sea una opción del profesional y no una obligación que requiere un tiempo remunerado.
Es también una lástima comprobar lo fácil que puede ser a veces la solución a los problemas si existe voluntad, en este caso política, real. Ejemplos de ello podrían mostrarse varios, pero sirve como muestra sencilla explicar que la cantidad que supone la subida de sueldo que se acaban de autoaprobar en este mismo Presupuesto los diputados, consejeros y gabinetes de Consejerías sería suficiente para evitar este recorte que, repito, afecta a la parte más débil del sector educativo. Pero está claro que parece más apremiante subir sueldos de 3.000 a 4.500 euros mensuales que mantener la calidad de la inclusión educativa con sueldos mileuristas.
Manuel Amago López, auxiliar educativo EEI Peña Careses
Pola de Siero
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