Rescates, una cuestión de todos

Durante estos últimos días ha saltado a la palestra la cuestión de la aplicación de tasas de rescate al rescatado. Esto ha incendiado algunas redes sociales y ciertos grupos de WhatsApp y vertido tinta en varios artículos de prensa. Desde mi punto de vista, creo que esto no es algo baladí y sí que debe ser objeto de reflexión por todas las partes implicadas: Administración, federaciones y deportistas.

Desde la posición de la Administración, el cobro de los servicios prestados por un rescate es un refresco para saciar la sed de las maltrechas cuentas públicas. A estas alturas todos somos conocedores de los recortes que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del conjunto de servicios públicos y la ventana abierta a un posible cobro de ciertos servicios, pues, oye, como que no viene mal. Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo con la política de la Administración, pero, llegados a este punto, vamos a darle una vuelta de tuerca. Nuestra Constitución, que es la norma de las normas, establece en su artículo 43, apartado tercero, lo siguiente: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio". Es decir, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico determina la obligación de fomentar el deporte. Creo que durante los últimos años la Administración ha hecho grandes esfuerzos en intentar que la palabra deporte se convierta en DEPORTE con mayúsculas mediante multitud de actuaciones. Se han construido instalaciones deportivas, se han aportado recursos para que, de mejor o peor manera, la población pudiera practicar cuantas actividades deportivas fueran de su gusto. Todo esto ha supuesto dinero, dinero público.

Llegado a este punto, debemos hacer una reflexión, ¿la creación, mantenimiento y mejoras en instalaciones públicas tienen coste? Pues evidentemente sí, construir un centro deportivo tiene su coste, mantenerlo también y cualquier mejora que realicemos en el mismo, pues evidentemente también. Es decir, que la obligación impuesta de fomentar el deporte tiene costes para la Administración. Pero tenemos que tener en cuenta que existen multitud de actividades deportivas que no se realizan en un centro deportivo, sino que se practican en la propia naturaleza. Por consiguiente, para este tipo de deportistas la Administración no ha tenido que realizar ningún tipo de inversión, es decir, existen prácticas deportivas con coste cero, a excepción de aquellos costes que se producen cuando ocurren ciertos accidentes y se requiere que se activen determinados servicios públicos. En este sentido, entiendo que al igual que no nos pasan un recibo cuando la Administración construye un centro deportivo (baloncesto, fútbol,), sino que éste se cubre con unos presupuestos públicos, para otras actividades deportivas no se deberían cobrar los servicios públicos prestados. Si al contrario sucediese, supondría una discriminación tremenda entre unas actividades deportivas y otras. Cobrar tasas de rescate es poner una gran losa sobre deportes como el montañismo, la escalada, la práctica de btt, motocross y un largo etcétera que la normativa del Principado ha incluido entre las actividades de rescate a las que aplicar las tasas.

Otra posición implicada son las federaciones deportivas, llámese ésta federación de motociclismo, federación de montaña, de surf, ciclismo o como quiera llamársele, pero es la organización que tiene como principal función regular, organizar y promover la actividad deportiva que represente. Creo que todos podemos compartir la idea de que federarse aportaría gran tranquilidad al deportista, ya que la condición de federado supone que el deportista tiene cubiertas, a través de la póliza de seguros de la federación, las contingencias que dan lugar a la aplicación de las tasas de rescate.

Efectivamente sí, me parece una gran idea federarse y que, en el caso de que lleguen a materializarse esas contingencias, enseñemos un documento, nos vayamos para casita y que la aseguradora se las apañe con la Administración para el cobro de las tasas. Pero, claro, al igual que ocurre con la Administración, para la inmensa mayoría de personas que practican deportes no corren buenos tiempos y no todo el mundo puede disponer de cien euros para federarse en montaña o trescientos para la de motociclismo, por ejemplo. O, demos un paso más, yo, entre otros, soy un deportista que no practico una sola actividad. En mi caso, federarme en cada una de las prácticas deportivas me supondría un desembolso de 634 eurillos, ¡¡¡Bufffff!!! Se me ponen los pelos de punta sólo de pensarlo.

Lo que quiero decir con esto es que la solución definitiva no pasa única y exclusivamente por federarse, no es la solución, ya que federarse en montaña cubriría un hipotético rescate en montaña, pero no, por ejemplo, un rescate practicando motocross.

Finalmente, nos toca la posición del usuario. Quizás para mi ésta sea la posición más complicada, aquí nos vamos a encontrar de todo, desde el montañero, surfista, ciclista, experto, formado y con gran experiencia, hasta el, permítanme la expresión, típico dominguero. No tiene la misma connotación un accidente producido a un escalador con un gran bagaje deportivo que a aquella persona que por desconocimiento o falta de conciencia se introduce en un medio hostil como es la montaña sin los conocimientos necesarios, la preparación física adecuada o haciendo caso omiso a las advertencias meteorológicas.

En resumen, creo que en materia de rescates todas las posiciones implicadas deben reflexionar en la búsqueda de soluciones, porque existir, no existe una solución única. Se pueden cobrar rescates a quienes estén federados, no cobrarlos a quienes no lo estén, cobrarlos a quienes hayan cometido una autentica negligencia, o no cobrarlos a quienes, fruto del infortunio, se hayan visto inmersos en un accidente. Pero sobre todo debemos entender que aplicar tasas de rescate sí o sí sería dejar de fomentar el deporte, y que la realización de cualquier rescate no es sólo cuestión económica, sino que también se pone en riesgo la vida de terceras personas para que salven la nuestra.