El alto precio de la luz, nueva plusmarca
El acceso a la energía eléctrica es uno de los indicadores que sirven para medir el grado de desarrollo de los pueblos. La dependencia energética --carecer de recursos, medios para producirla y/o para disfrutarla-- mina, al propio tiempo, la soberanía económica de las naciones. Y, además, una persona sin capacidad para calentar su hogar y un país que no garantiza el suministro a sus ciudadanos conforman inequívocamente el perfil del subdesarrollo.
Para nada es exagerado decir que en España, actualmente, hay alarma social por el precio de la electricidad. Que cuando hay más demanda por el descenso de la temperatura tendrá cierta lógica desde el puro mercantilismo, pero no se ajusta en absoluto a la economía social de mercado que consagra nuestra Constitución.
Días atrás se produjo uno de los picos en el precio de la energía que nos ponen las eléctricas en casa. Y ya avisó el Ministro de Energía: la factura se encarecerá en cien euros al final del año. Más madera para que la pobreza energética gane terreno entre una población que a duras penas percibe síntomas de mejoría económica. Difícil de encajar es el razonamiento de las productoras de energía que apelan a sus costes de producción y a un déficit de tarifa.
Por tanto, el Gobierno y los organismos reguladores deben de despejar las dudas sobre el sistema de fijación de precios, por si se estuvieran utilizando perfiles legales para aumentarlos artificialmente en el momento de máximo consumo y máxima necesidad. Y las medidas no pueden ser paliativas.
La intervención anunciada por el Ministro del ramo para forzar a la baja el precio del gas que se usa para producir electricidad puede ser la adecuada, pero es insuficiente. La Comisión de la Competencia, por su parte, debe actuar con firmeza, porque no es la primera vez que se detectan prácticas abusivas.
Cuando al fin se apacigüe esta emergencia, se tendrá que abordar la complejidad del fondo de este asunto. Ya que el sector debiera ser el primer interesado en una mejor regulación que ponga fin para siempre a su progresiva pérdida de reputación.
Se trata de un servicio esencial, determinante del nivel de dignidad de las personas y la equidad de una sociedad, quizás demasiado a la eventualidad de los caprichos del mercado.
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