Cuando la ley estorba
Hace sesenta y un años se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los mismos que lleva Colombia en una guerra interminable que enfrenta en el plano militar a las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares contra las guerrillas.
Más de medio siglo de horrores que dejan los innegables avances de la Declaración en papel mojado y un reguero de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamiento forzado, torturas, amenazas de muerte, violencia sexual, mutilados por minas, apresamientos ilegales y refugiados.
Aunque Colombia adoptó la Declaración y la mayoría de convenciones que la desarrollan, en ese territorio pareciera que nadie está obligado a cumplirlas. Comenzando por el Gobierno, que suele señalar la defensa de los derechos humanos como una actividad sospechosa de ser útil al terrorismo. Tal estigmatización en la mayoría de los casos se salda con el apresamiento o el posterior asesinato de los defensores de los derechos humanos.
¿Por qué un Estado que se pretende democrático incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estigmatiza la defensa y la aplicación de las normas que la desarrollan? Sin duda, porque estorban a los planes de guerra indiscriminada que dejan jugosos dividendos en tierras, riquezas y poder políticos a los gamonales criollos.
¿Y por qué nosotros, estados –como el español– que se proclaman respetuosos de los derechos humanos, miramos para otro lado ante el terror desatado en Colombia con la evidente responsabilidad de su Gobierno? Tal vez por la circunstancia de que sus multinacionales también logran buena pesca en el río sucio y revuelto con sangre que corre en nuestro país.
Más de medio siglo de enaltecer la vida humana y su dignidad no logran efectos en Colombia. Allá parece que se cumple sólo una ley, la de la impunidad, que no está en los códigos ni en las declaraciones, pero sí en la cotidianidad de un Estado injusto que ha encontrado en las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos la única forma de mantenerse.
A los colombianos nos queda la esperanza de un país en paz y con justicia social, aunque sólo decirlo nos pone en la mira de los pacificadores oficiales. Por eso agradecemos la solidaridad asturiana a través del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y el cariño de muchas de sus gentes y organizaciones que nos acompañan y alientan para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumpla en nuestra tierra.
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