El copago farmacéutico, un impuesto a la enfermedad
He leído la tribuna del señor Sánchez Vicente y, como él muy bien dice, me ha servido de revulsivo para expresar mi opinión e intentar aportar luz al tema arriba mencionado.
El copago sanitario, instaurado para extenderse a otras prestaciones distintas de la farmacológica (transporte sanitario, dietas, prótesis y órtesis), se pone en marcha al amparo del real decreto-ley (RDL) 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. ¿Qué consecuencias ha tenido? Para responder a esta pregunta, y en ausencia de una evaluación (sólo económica) del propio Ministerio de Sanidad, recurriremos a diferentes documentos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), de los cuales se desprenden las siguientes conclusiones: primero, el copago está sufragado en su mayoría por el sector de jubilados que reciben una pensión inferior a 1.500 euros anuales y que, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 1 de enero de este año, suponen el 84 por ciento sobre el total, patrón de recaudación similar al fiscal (el 86 por ciento de los ingresos fiscales del Estado están originados por los asalariados, mientras que las empresas y sociedades contribuyen con un 14 por ciento), lo que raya en inequidad y desigualdad. Segundo, el referido grupo de población es el que tiene más problemas de salud y consume más medicamentos, motivo por el cual supone un impuesto a la enfermedad. Tercero, la recaudación prevista era de 2.000 millones de euros, cuando la real ha sido de alrededor de 400 millones, aportación que se ha evaporado en los gastos de gestión del procedimiento y en el incremento del gasto farmacéutico que no se ha contenido, por lo cual su aportación a la sostenibilidad es más bien nula. Cuarto, los datos de una encuesta elaborada por la Asociación de Madrid (incluida en FADSP) sobre 300 pensionistas en atención primaria, revela que la aportación del 10 por ciento de los medicamentos que utilizan al mes oscila entre 16 y 298 euros, y en el caso de aportación más elevada, ésta suponía el 45,84 por ciento de su mensualidad e incluso un 31 por ciento no podría comprarlos a fin de mes. Quinto, hay evidencia en la literatura internacional de que disminuye el consumo de medicamentos esenciales, se abandonan las demandas de atención sanitaria y se favorecen una mayor frecuentación en urgencias y un aumento de los ingresos hospitalarios por deterioro de los problemas de salud y, por lo tanto, del gasto sanitario.
Como conclusión, el copago penaliza al que menos pensión tiene, más problemas de salud presenta y más medicamentos consume, y es ineficaz por no suponer ningún ahorro sustancial. Por consiguiente, se debería suprimir lo mismo que el RDL. El Gobierno alemán de la señora Merkel retiró, en 2012, el copago para acudir a las consultas de atención primaria por mostrarse ineficaz para disminuir su número.
El ahorro debería buscarse (FADSP, 2012) en prescribir por principio activo (2.400 millones), en disminuir la medicación innecesaria (1.300 millones), en mejorar el uso de la tecnología sanitaria (900 millones), disminuyendo un 25 por ciento las consultas hospitalarias (1.100 millones), minorando un 10 por ciento la asistencia a urgencias hospitalarias (975 millones), en reducir los efectos adversos a los medicamentos en los ingresos hospitalarios (975 millones) y bajando la hospitalización innecesaria (5.750 millones).
En cuanto a las mutualidades, lo más lógico sería integrarlas en el Sistema y suprimirlas, al ejercer efectos discriminatorios sobre los ciudadanos y constituir un trasvase de dinero público a las aseguradoras privadas.
Estamos de acuerdo en que, así, entre la ignorancia, la demagogia y la mentira transcurre nuestra vida política. Con gran éxito, por cierto, para quienes practican esas conductas y yo añadiría medias verdades.
Juan Antonio Salcedo Mata
Médico jubilado, Ortiguera (Coaña)
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