Basta de estrangulamiento
Supongo que después de este vendaval de viento y agua que arrasa la Península, los argumentos de Rajoy sirvan para efectuar una rebaja sustancial de las tarifas eléctricas, pues resulta vergonzante que en plena época invernal se apliquen unos sobreprecios que atacan al bienestar de miles de familias, que tienen que escoger entre comer o calentarse. No es demagogia, señores del PP, sólo hay que ver los casos concretos que aparecen en los medios de comunicación, donde alguien termina falleciendo por utilizar para calentarse estufas o braseros no adecuados a las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.
Se vendió como un gran logro el bono social negociado por el bipartidismo para sustituir al anterior, porque las grandes eléctricas, con sus beneficios millonarios, habían recurrido hacerse cargo del coste. Pero las posibles mejoras que puede tener no entran en vigor hasta la primavera, siendo además la rebaja del 25 por ciento de la tarifa, insuficiente para ingresos en el umbral de la pobreza.
Conozco personas mayores que utilizan batas y mantas para calentarse en casa o que rechazan las legumbres de los centros de alimentos por el gasto que supone cocinarlos.
No se puede desde la clase política gobernante estar ajeno a esta tremenda realidad, edulcorándola con mensajes engañosos o con ayudas de emergencia, que para conseguirlas debes estudiar lenguaje encriptado o ser pobre de limosna, porque los baremos económicos son mínimos.
Y para añadir más dramatismo a esta realidad, donde el crecimiento, según los grandes números, no se corresponde con la economía familiar, igual que el descenso del paro no se traduce en capacidad para independizarse los jóvenes -tienen que seguir cobijados por sus ascendientes- siguen congeladas las pensiones, porque decir desde el Ministerio que el 0,25 por ciento es subirlas, supone un insulto a la inteligencia y una burla a los que regatean a la pobreza para llegar a fin de mes.
Hay que insistir en que el 51 por ciento de los mayores cobra menos del salario mínimo -siete de cada diez son mujeres-, un millón de pensionistas tiene una paga inferior a 350 euros y el 70 por ciento no llega a mil euros.
No se puede mantener esta política de estrangulamiento de las familias con menos recursos, pues, además de la necesidad de activar la economía, supone el incumplimiento de todos los tratados en derechos civiles y constitucionales, de los que tanto gusta presumir al PSOE/PP, y supone un descrédito de esta democracia, que se puso en marcha para recuperar libertades y derechos, entre ellos algunos fundamentales, como la vivienda, el empleo y las pensiones dignas.
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