Descrédito

14 de Febrero del 2017 - José María W. Gómez Claro (Gijón)

Supongo que después de este vendaval de viento y agua que arrasa la península, los argumentos de Rajoy sirvan para efectuar una rebaja sustancial de las tarifas eléctricas, pues resulta vergonzante que en plena época invernal, se apliquen unos sobreprecios que atacan al bienestar de miles de familias que tienen que escoger entre comer o calentarse. No es demagogia señores del PP, solo hay que ver los casos dramáticos que aparecen en los medios de comunicación, falleciendo alguien por utilizar para calentarse estufas o braseros, porque las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y los escasos recursos no dan para otra cosa.

Se vendió como un gran logro el bono social negociado por el bipartidismo para sustituir al anterior, porque las grandes eléctricas con sus beneficios millonarios habían recurrido hacerse cargo del coste. Pero las posibles mejoras que puede tener no entran en vigor hasta la primavera, siendo además la rebaja del 25% de la tarifa, insuficiente para ingresos en el umbral de la pobreza.

Conozco personas mayores que utilizan batas y mantas para calentarse en casa o que rechazan las legumbres de los centros de alimentos, por el gasto que supone cocinarlos.

No se puede desde la clase política gobernante estar ajeno a esta tremenda realidad, edulcorándola con mensajes engañosos o con ayudas de emergencia, que para conseguirlas debes estudiar lenguaje encriptado o ser pobre de limosna, porque los baremos económicos son mínimos.

Y aún es más cruda la vida real, pues el crecimiento de los grandes números no se corresponde con la economía familiar, igual que el descenso del paro no se traduce con capacidad para independizarse los jóvenes que tienen que seguir cobijados por sus ascendientes y siguen congeladas las pensiones, porque decir desde el ministerio que el 0,25 % es subirlas, supone un insulto a la inteligencia y una burla a los que regatean la pobreza para llegar a fin de mes. Hay que insistir que el 51% de los mayores cobran menos del salario mínimo -siete de cada diez son mujeres- y el 70% no llega a mil euros.

No se puede mantener esta política de estrangulamiento de las familias con menos recursos pues supone el incumplimiento de todos los tratados en derechos civiles y constitucionales que tanto gusta presumir al PSOE/PP y supone un descrédito para esta democracia que se puso en marcha para recuperar libertades y derechos, entre ellos algunos fundamentales como la vivienda, el empleo y las pensiones.

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