Negros nubarrones sobre las pensiones
Hace ya largo tiempo que venimos comentando detalles sobre el negro futuro de las pensiones en nuestro país. La crisis, con menos población activa y salarios más bajos, ha acelerado los desequilibrios demográficos. Por si esto no fuera suficiente, la hucha creada con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse.
Y hasta el momento, las únicas medidas que se han tomado han sido la desindexación de la revalorización de las prestaciones limitándola a un máximo del 0,25% anual y un ligero aumento en el techo de cotizaciones. El cóctel es explosivo: llegan a la jubilación quienes han cotizado más con los salarios de los años de bonanza económica en el momento en el que la Seguridad Social recauda menos.
El diagnóstico es claro: nuestro sistema de pensiones es insostenible a medio plazo. Muchos son los expertos que coinciden en ello. El problema al parecer es que las soluciones propuestas hasta el momento distan mucho de ser las adecuadas. Ni aumentar la edad de jubilación, ni elevar los años de cotización, ni incentivar el alargamiento de la vida laboral ofrecen, por sí solas, respuesta acorde al envejecimiento de la población y al hecho de que las cotizaciones de los nuevos jubilados les dan derecho a pensiones más altas.
Por ello, la magnitud del reto hace necesaria, más bien pronto que tarde, una reforma estructural del sistema de pensiones en la que se tenga en cuenta fórmulas como computar toda la vida laboral en el cálculo de la prestación o fomentar el ahorro privado complementario.
Por su parte, la consultora Freemarket, en un estudio sobre la reforma de las pensiones, afirma que mantener el sistema actual obliga a un drástico recorte de las percepciones por jubilación o bien a compensarlas con fuertes subidas de impuestos para financiarlas.
Creemos que es, pues, el momento de acabar con la ambigüedad del sistema. Y reconocer esta realidad exige medidas importantes y urgentes que no pueden pasar solo por recortar derechos a los pensionistas: las prestaciones no contributivas deberían ir a cargo de los impuestos, los salarios altos deberían aumentar su contribución y el poder adquisitivo debería quedar garantizado por los presupuestos generales.
Sin embargo, no da la impresión de que el Gobierno ni los grupos parlamentarios entiendan la gravedad y urgencia de este problema que está causando angustia a millones de españoles. Por el bien de todos ello, hagámoslo cuanto antes y en debidas condiciones.
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