¡Agreda a un docente por tres euros al día!
Tal parece una oferta comercial de última hora, pero no. Resulta que maestros y profesores llevábamos muchos años reclamando lo que, ni más ni menos, ya tenían otras comunidades españolas. La Ley de Autoridad del Profesor, para defender nuestros derechos (y con éstos, lógicamente, los de todo el alumnado). Por fin, en 2013 la ley fue aprobada en el Parlamento asturiano, no sin la negativa de toda la bancada de la izquierda. Ver para creer. Al margen de ello, la nueva ley también contó con la reprobación de todos los sindicatos, con la excepción de AMPE.
Pues bien, se acaba de hacer pública una sentencia conforme a la cual una madre ha sido condenada a pagar 90 euros (tres por día), a una maestra de Barredos (Laviana), a la que agredió y amenazó de muerte después de que la docente reprobara a la hija de aquella. Por si la consideración social de los docentes no estaba ya por los suelos, esta sentencia no hace sino hundirla más aún. Es un bochorno que pegar a una maestra sea más barato que comprar un vestido en las rebajas.
Y no estoy yo, precisamente, abogando por la guillotina ni la horca para actos como éstos. Ya me hubiese gustado que, tal y como suele hacer un conocido juez granadino, la pena de trabajos en favor de la comunidad hubiese sido la sentencia para esta madre desalmada. Un par de meses al cuidado del alumnado durante los recreos hubiese sido ejemplarizante. Lo de los 90 euros es una agresión, otra más, a la dignidad de nuestra profesión.
Me cabe la satisfacción de haber trabajado de profesor durante cinco años en Barredos, donde he disfrutado de la nobleza de la gente de la cuenca, tanto del alumnado como de no pocos padres con los que compartí varias actividades (Semana Blanca) en el Pirineo aragonés. Es por ello que estoy seguro de que el comportamiento amenazador y violento de esta madre en modo alguno representa nada ni a nadie. En cualesquiera de los casos, me pregunto dónde están las Ampas, los sindicatos de la enseñanza o los partidos políticos a los que este detalle les ha pasado desapercibido. ¿Hubiese sido igual la sentencia en el caso de que el agredido hubiese sido un juez, un político o un sindicalero?
Félix Martín Martínez
Profesor de Instituto. Oviedo
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