Desobedecer al TC resulta barato
Sentencia salomónica. El proceso del 9 de noviembre de 2014, el remedo de referéndum que puso en marcha la Generalitat para sortear la prohibición del Tribunal Constitucional, ha tenido su primera sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al entonces presidente, Artur Mas, a dos años de inhabilitación por desobediencia, por impulsar la consulta. El mismo tribunal ha condenado a un año y nueve meses de inhabilitación a la ex vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega, y a un año y seis meses a la ex consejera de Educación Irene Rigau, como cooperantes necesarias de este delito de desobediencia. Sin embargo, el TSJC ha absuelto a los tres del delito de prevaricación.
Puede decirse, sin que ello suponga enmendarle la plana a la Justicia, que el tribunal catalán ha optado por un castigo leve o, como aseguró inmediatamente de conocida la sentencia el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, por una sentencia benévola.
Absolver a Mas y compañía hubiera sido como declarar legal del "proceso participativo" del 9N. Por otra parte, aplicarle la pena que pedía el fiscal (10 años de inhabilitación), sería provocar el victimismo independentista. Así que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia catalán optaron por una sentencia técnicamente suave.
Por tanto, convocar un referendo ilegal y poner los medios para que pudiera celebrarse, le ha salido extraordinariamente barato a Artur Mas. La defensa realizada por este señor ante el tribunal que lo inhabilitó por dos años, viene a demostrar el grado de cinismo alcanzado por el ex presidente. De acuerdo con él, "no había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie". Ítem mas, según la declaración de su escudero Francesc Homs, que lógicamente salió en su ayuda, la consulta del 9 de noviembre de 2014 era perfectamente "legal".
Esto es a nuestro modesto juicio lo que se puede opinar desde la distancia y la frialdad del observador.
El independentismo sigue sin querer reconocer que existen unas leyes y continúan sin aceptar que tienen que ser cumplidas por todos los españoles aunque no les gusten. Son capaces de admitir, al propio tiempo, que cobraban el tres por ciento para construir el Estado catalán. Cinismo.
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