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Más sobre el impuesto de sucesiones

25 de Marzo del 2017 - José Luis Álvarez Lauret (Gijón)

Como dice el refrán, cada cual habla de la feria según le va en ella. Digo esto porque La Nueva España del pasado 16 de marzo publicaba un artículo de opinión, en la sección de cartas, de un lector sierense que restaba importancia al tema tan aireado últimamente del impuesto de sucesiones, más conocido como el "impuesto sobre las herencias", diciendo más o menos que no es para tanto.

Sin pretender faltarle al respeto al mencionado lector de este periódico, ni por supuesto querer demostrar saber del asunto más que él, humildemente creo que no está bien informado. No se trata de una pataleta, ni de un capricho de cuatro ricos que quieren quitarse de encima un impuesto creado a capricho para fastidiar a los económicamente más favorecidos, sino que se trata de un impuesto que está generando no sólo verdaderos quebraderos de cabeza a mucha gente, sino también, en ciertos casos, la ruina total de algunos ciudadanos.

Este señor y quienes no estén bien puestos en el tema deben saber que la Hacienda regional o autonómica le da al heredero un plazo de seis meses desde el hecho causante o fallecimiento de la persona que les deja en herencia sus bienes para que liquiden el impuesto de sucesiones, y que, tal como, por desgracia, están hoy las cosas, con problemas de desempleo, hipotecas sobre vivienda habitual, etcétera, muchos herederos no pueden hacer frente a los gastos y obligaciones que les impone el hacerse cargo de la herencia. Lo que supone que si la masa hereditaria tiene cargas o deudas pendientes, además del gasto en impuestos, ha de hacerse cargo de las deudas pendientes del finado, y, claro, no todos los ciudadanos del Principado nadamos en la abundancia para hacer frente a situaciones tan negativas económicamente hablando como la que pudiera presentársenos a cualquiera en el momento menos esperado.

Yo no soy de los que piden la supresión total de dicho impuesto, pero sí de que sea lo más justo posible y que tenga en cuenta ciertas situaciones. Un país sin impuestos no puede ofrecer servicios de ningún tipo a los ciudadanos. Eso está claro, pero los gobernantes deben saber adaptar los gastos puramente necesarios a los ingresos de que disponen, prescindiendo en lo posible de todo lo superfluo o innecesario, y de eso vemos que, por desgracia, hay mucho.

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