Carta abierta a don José Bono Martínez

Distinguido señor Bono:

Con motivo de la aprobación, hace breves fechas, del primer trámite del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (nueva ley del aborto) se han producido una serie de comentarios, opiniones, artículos, entrevistas, etcétera que han transcendido a la opinión pública dando lugar a la esperada e inevitable polémica.

Una de dichas opiniones ha sido la suya, ampliamente explicitada en el artículo firmado por usted en «El País», a raíz de las declaraciones expresadas por el señor obispo –secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española–, ratificadas más tarde por el pleno de la misma, en el sentido de que el político católico que vote a favor de la nueva ley del aborto que debate el Parlamento será excluido de la comunión y tendrá que confesarse y rectificar públicamente si quierE volver a comulgar...

En las declaraciones a usted atribuidas manifiesta que... tiene la conciencia tranquila porque «no es un asesino», señalando que el dictador chileno Augusto Pinochet sí lo es y que a éste «... se le dio la comunión de manera vergonzosa», sintiendo «con tristeza muy grande» que a usted lo califiquen de pecador público sin ser un asesino..., pero sin referirse en absoluto, por ejemplo, a quienes, vivos todavía, son responsables directos de miles de asesinatos y con quienes, de vez en cuando, usted comparte tertulias y hasta aplaude sus palabras, con independencia de que comulguen o no.

Sin entrar en más valoraciones y consideraciones de las que se han hecho al respecto, y que arreciarán cuando se produzcan nuevos trámites del controvertido proyecto de ley, permítame decirle, como simple ciudadano de a pie y con todo el respeto que me merece su persona, que, con independencia de su enfado e irritación al hacer las afirmaciones transcritas, hay un punto de hipocresía y fariseísmo en su comportamiento público. Porque, señor Bono, yo tengo mis razonables dudas sobre si es compatible o no ser socialista radical –como lo son la inmensa mayoría de los cargos y titulares de instituciones políticas de nuestra nación desde el triunfo del PSOE en las elecciones del 14-M de 2004, con quienes usted colabora y trabaja directamente– y manifestar que «... no he ocultado que soy cristiano, que quiero acomodar mi vida al Evangelio de Jesús...».

En el tema que nos ocupa, el profundo cambio que se pretende, a favor del que usted ha votado, es que lo que en la vigente ley era y es un delito –excepto en una serie de casos supuestamente excepcionales– se convierte en un derecho jurídicamente exigible y con financiación pública.

En la actualidad, en nuestro país, en el 97% de los casos de aborto se viene invocando la razón de riesgo para la salud psíquica de la madre, y de ahí la elevada cifra de abortos que se practican. Ahora se pretende establecer una ley de plazos, en el sentido de que durante las primeras doce semanas la mujer («dueña de su cuerpo», pero no de la criatura que en él anida) pueda abortar sin necesidad de dar explicaciones a nadie ni necesitar autorización de nadie, plazo que se extiende hasta las veintidós semanas en el caso de malformaciones fetales o de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, para lo cual se necesita, entre otros requisitos formales, un dictamen emitido por los «médicos tratantes»... Hasta ahora, «el riesgo para la salud de la madre» ha sido un sencillo coladero para el aborto (ciertamente consentido por el Partido Popular, que no ha actuado como debiera). Con la nueva ley se puede afirmar, simple y llanamente, que en la práctica se da una ley de plazos de veintidós semanas, dentro de las cuales se puede abortar cuando se quiera. Y punto.

Usted sabe mejor que yo, por razón de su alto cargo, que, según el «World Abortion Politics 2007», que publica la ONU, el porcentaje de países que toleran el aborto para salvar la vida de la madre es el 97%, mientras que el aborto sometido a una ley de plazos es admitido solamente en el 28% de los países del mundo. En cuanto al plazo, la mayoría de los países lo fija en doce semanas, excepto en Portugal, Turquía o Eslovenia, donde lo establecen en diez. Suecia llega a las dieciocho y sólo Holanda a las veinticuatro. España, a las veintidós. ¡En «algo» teníamos que estar a la cabeza de Europa!

Usted sabe mejor que yo que el VII Congreso nacional de bioética ha publicado recentísimamente un incontestado documento en el que se afirma de modo categórico que «con la fecundación completa de los gametos comienza la existencia de cada ser humano». Y esta afirmación es sostenida sin fisuras por un amplísimo conjunto de médicos, académicos y científicos de máximo nivel, que han acumulado multitud de argumentos y pruebas en oposición a la reforma de la ley, en contra de lo que sostiene el Gobierno, que, con su voto favorable, ha aprobado el proyecto de ley que nos ocupa, sin que consten datos fehacientes de la «urgente demanda social» para ello.

Usted sabe mejor que yo muchas otras cosas sucedidas en las etapas en que desempeñó determinados cargos públicos o simplemente como vulgar ciudadano, a las que, por prudencia, no me voy a referir, pero que resultan impropias de una persona militante socialista que alardea de ser cristiano practicante.

Católico, señor Bono, como usted muy bien sabe, es toda aquella persona que, estando plenamente incorporada a la Iglesia católica y poseyendo el espíritu de Cristo, se encuentra unida a la misma por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica, como así se señala de forma indubitable en el punto 168 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, según el «motu proprio» de S. S. el Papa Benedicto XVI, dado en Roma el 28 de junio de 2005, para la aprobación y publicación del mismo.

Y ser cristiano y profesar como tal consiste fundamentalmente en actuar y comportarse conforme a la doctrina y a la moral cristianas, contenidas tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios, así como en la disciplina y enseñanzas de los obispos, bajo la autoridad del Romano Pontífice, como representante o vicario de Cristo en la Tierra.

De otra parte, usted sabe perfectamente que para los católicos rige el Código de Derecho Canónico, como «colección ordenada de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia católica de rito latino, la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles y el conjunto de sacramentos y sanciones que se establecen por la contravención de las mismas», y cuyo texto actual fue promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, entrando en vigor el 27 de noviembre siguiente. Y que el canon 915 de dicho cuerpo legal es claro: «No deben ser admitidos a la comunión aquellos que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave», resultando obvio que aplicar dicho canon se vuelve necesario cuando un político católico está en desacuerdo con la enseñanza moral de la Iglesia y rechaza la corrección pastoral.

Yo intuyo, señor Bono, que de las consideraciones que anteceden, puede usted hacer caso omiso y afirmarse y reafirmarse en que usted es partidario de la nueva ley, entre otras razones, porque la misma, como ha manifestado, va a disminuir los abortos..., trayéndole sin cuidado lo que digan los obispos. Está en su derecho de opinar así como ser libre que es, además de socialista, demócrata y católico..., pero no se olvide de que la interrupción voluntaria del embarazo (o sea, el aborto) según la nueva ley que está tramitándose, supone la muerte de un ser vivo y humano inocente e indefenso, diga lo que diga, cómo lo diga y quienquiera que sea quien diga lo contrario. Y quienes lo apoyen, lo aprueben y lo voten favorablemente, si se confiesan católicos, tienen que atenerse a las consecuencias.