La soberania energética
Según datos publicados, un millón y medio de hogares, unos 5 millones de personas, se ven privados de un servicio básico como es la electricidad, a causa de no poder afrontar los gastos que su uso genera entre las estrechas economías de millones de españoles, lo que conlleva, además, un riesgo para la salud.
Cada día más personas se preguntan si pueden encender la calefacción o cuántas horas la podrán tener encendida o en qué hora del día o la noche es más barata para así poder poner la lavadora o planchar. Es evidente que las elevadas facturas ahogan a muchas familias que no pueden disfrutar del deseado calor en sus hogares en los meses de invierno. Tal parece que encender la calefacción fuera un hobbie y no un servicio básico del que todos debieran disfrutar, al igual que la salud o la educación.
El gran problema es que todos estos servicios esenciales dependen cada vez más de sectores privados, fruto del modelo capitalista que nos rige y del que se aprovechan una serie de políticos a través de las puertas giratorias y que terminan formando parte de sus consejos de administración.
Los gobiernos pueden intervenir regulando precios y manteniendo un control sobre este tipo de mercados, pero los intereses de nuestros gobernantes están por encima de los intereses generales.
La izquierda debería ser más beligerante, no solo desarrollando campañas para denunciar la pobreza energética que sufren muchos hogares, sino que debería proponer y explicar a la ciudadanía que otro modelo es posible y que el objetivo no es otro que luchar por nacionalizar el servicio y por la soberanía energética.
Nacionalizar las eléctricas supondría que los beneficios que van a manos privadas podrían ser utilizados por el Estado para una mejor planificación de la inversión, reduciendo la dependencia exterior, creando más puestos de trabajo y en mejores condiciones y evitando que nadie pasara frío en invierno por no poder encender la calefacción.
En ese sentido, también a nivel municipal se puede y se debe intervenir fomentando redes por la soberanía energética.
Hay muchas experiencias locales puestas en marcha en municipios gobernados por la izquierda, como son la compra directa de energía, el uso de instalaciones públicas para producir energía solar, comprar operadores eléctricos y de carácter público, etcétera.
Se trataría de tener una mayor autonomía local y no estar supeditados a los grandes intereses del oligopolio eléctrico.
Estas iniciativas locales revelan al menos dos cosas. La obligación de los poderes públicos de defender los derechos de la mayoría social y mostrar la gran estafa del sector apoyado por los gobiernos de turno, lo que equivale a que tomemos conciencia del problema.
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