Exceso de aforados
Hace varias semanas hemos podido leer en LA NUEVA ESPAÑA unas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su visita a Oviedo, sobre la limitación "drástica" de los aforamientos políticos, que, asimismo, subrayó, " hay que seguir cerrando espacios de impunidad en la lucha contra la corrupción".
Evidentemente, España es un país diferente en muchas cosas, cientos de ellas en positivo, más algunas otras no tanto. En nuestro perfil patrio se da una figura que es excepción en cualquier democracia de nuestro alrededor: los aforados, tanto en lo que su estatus supone en sí, en prebendas y regalías, como en su número, pues los 10.000 beneficiados de aforamiento que se dice hay en nuestro país, no soportan la comparación con ningún otro de nuestro entorno, donde tal figura se reduce al presidente, primer ministro o resto de miembros del Gobierno (Francia e Italia) o directamente no existen tales aforados, como ocurre en Alemania, Reino Unido o EE. UU. cuyas democracias suelen servir de referencia a nivel mundial.
Periódicamente los aforamientos son casi un tema recurrente en el debate político español, pero la noticia igual que aparece, desaparece. De hecho, en la propuesta realizada por Ciudadanos al Partido Popular para negociar su apoyo en la investidura de Mariano Rajoy, se incluía la eliminación de los aforamientos, incluso actualmente sigue en vigor la propuesta.
Somos la excepción mundial que confirma una regla de normalidad democrática, aquella que convierte en iguales ante la ley a todos los ciudadanos de un Estado de derecho. Sí, en España, el principio está vigente, las leyes son iguales para todos, pero hay una clase especial de varios miles de aforados a los que nunca les corresponderá la justicia ordinaria. Políticos, jueces, fiscales y altos cargos que se rigen por las mismas leyes que los demás mortales pero que nuca se cruzarán con los aforados en los pasillos de una Audiencia Provincial o de un Juzgado de Instrucción. Miles de ciudadanos especiales, personas con un fuero aparte. Y como en ningún otro lugar del mundo existe algo parecido, lo razonable es que nos preguntemos por esa anomalía nuestra.
¿Qué pasa en España para que nos hayamos convertido en los reyes del aforamiento? La explicación oficial, la original, es que el aforamiento se ideó en la Transición como una especie de salvaguarda y garantía de estabilidad de la democracia, por las especiales circunstancias del final de la dictadura y la tensión en nuestro país en aquél momento. Un elemento más de protección de los primeros políticos de la democracia, como otros que también se cuestionan ahora por el sistema de listas cerradas en las elecciones para fortalecer las estructuras de los partidos políticos.
Por todo ello, como se puede intuir fácilmente, el ciudadano de a pie no es igual ante la justicia ya que está en inferioridad de condiciones para desarrollar su defensa en caso de sentarse en el banquillo de los acusados. Por contra, los senadores y diputados nadan en privilegios ante la ley de tal manera que hasta la Constitución avala esas prerrogativas. Aquello que sirvió para proteger la democracia durante la Transición, ahora está dañando el prestigio de esa misma democracia.
Ser elegido pues mediante las urnas en una lista cerrada no puede justificar un fuero.
Por todo lo expuesto y, para concluir, simplemente, podemos decir: fuera fuero.
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