Fiscalía anti-anticorrupción
"Las cosas de palacio van despacio", no hay refrán que mejor identifique el devenir político y administrativo en la historia de España, especialmente en los últimos cuarenta años de democracia. El tiempo político nada tiene que ver con la evolución de la sociedad y las necesidades ciudadanas. Así hemos asistido a todas las reformas (educativas, sanitarias, sociales, civiles, judiciales...) con una lentitud exasperante, poco común en los países de nuestro entorno.
Hace 22 años, España era el único país de la Unión Europea que carecía de un instrumento jurídico/policial de lucha contra la corrupción, por ello la Ley 10/95 de 24 de Abril de 1995, mediante la cual se creaba la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, fue recibida con muchísima ilusión y esperanza por quienes creíamos y creemos en el Estado de Derecho.
El primer Fiscal Anticorrupción fue Carlos Jiménez Villarejo, probablemente el mejor que ha tenido ésta fiscalía y en quien recayó la responsabilidad de poner en marcha con muy pocos medios (disponía tan sólo de 9 fiscales en Madrid y uno en Barcelona) el instrumento para la lucha contra la lacra que amenaza la democracia.
No deja de ser relevante en la historia de ésta institución que fuera un gobierno socialista quien la creara y un gobierno conservador, el de José María Aznar con Jesús Cardenal como Fiscal General, quienes propusieran su desaparición en el año 2003. Por fortuna un nuevo gobierno socialista con Cándido Conde-Pumpido, como fiscal General, se potencia la fiscalía Anticorrupción con nuevas competencias, creando seis delegaciones territoriales y con una plantilla de 40 fiscales, además de incorporar los equipos de apoyo procedentes de la Intervención General del Estado, Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil.
Con estos mimbres y la colaboración imprescindible de la prensa, la Fiscalía Anticorrupción ha podido perseguir los casos de corrupción más relevantes y mediáticos de los últimos 20 años: Caso Malaya en Marbella, Palma Arena y Noos en Mallorca, Caso Palau y Pretoria en Barcelona, caso Ballena Blanca en Málaga, caso Gürtel en Madrid y Valencia, caso Mercasevilla y ERES en Andalucía, Brugal en Alicante, Púnica en Madrid y el que nos ocupa ésta semana, el caso Lezo.
La Fiscalía Anticorrupción siempre fue "un grano en el culo" para el Partido Popular, no pudo suprimirla Aznar como era su deseo, en su lugar han utilizado una doble estrategia para impedir su normal funcionamiento: recortarle los medios para su trabajo y, a través del Fiscal General (nombrado por el Gobierno) que a su vez nombra al Fiscal Anticorrupción, sustituir a los fiscales comprometidos con su trabajo, el caso más sangrante fue la destitución del fiscal anticorrupción de Murcia que inició las investigaciones sobre corrupción del Presidente de dicha Comunidad Autónoma.
El último fiscal Anticorrupción nombrado por el Fiscal General del Estado, Manuel Moix, ha traspasado todos los límites de lo imaginable, sólo previsible en una república bananera, probablemente llevado por ese sentimiento de invulnerabilidad y prepotencia que afecta al PP y sus cercanos ha intentado impedir que el fiscal Eloy Velasco hiciera su trabajo mediante dos escritos, el primero solicitando que no se realizara el registro en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y posteriormente que, entre los múltiples delitos que se le acusa no se le imputara como organización criminal.
Los ciudadanos acudimos atónitos a las actuaciones y conductas mafiosas de la Fiscalía Anti-anticorrupción, cuyo objetivo es impedir el trabajo honrado de los verdaderos fiscales anticorrupción que gracias a su valentía y buen hacer, poco a poco van cayendo los saqueadores de las arcas del Estado. Todos ellos tan liberales declarados, tan amantes de las privatizaciones pero utilizan lo público para su enriquecimiento personal.
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