La rebelión de las masas
"La población, en general, no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe". Aunque Noam Chomsky hace referencia al manejo sesgado, e incluso falaz, con el que los mass-media norteamericanos, de una u otra corriente, tratan la información, tal afirmación tiene cabida en cualquier espacio democrático occidental. Obviamente el alegato se queda corto cuando de regímenes totalitarios se trata.
Pero ocurre que las barreras ideológicas de protección mediática: informativa, solidaria con su manantial político, y de opinión, neutralizada por diversos intereses, también de índole económico, aunque resistentes a los primeros impactos, ceden a las sucesivas avalanchas de deterioro moral y cívico procedentes de la corrupción política. Poco a poco, la erosión causada por la proliferación de contaminantes antisociales: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y diversas asociaciones para delinquir mina los caladeros del voto tradicional, desviado hacia las nuevas organizaciones políticas que amenazan con llevarse por delante a quienes consagraron durante cuarenta años el gatopardismo inmovilista, la podredumbre que hoy asola los cuatro puntos cardinales de este país llamado España. Lo curioso del caso, vista la desfachatez en el proceder político, parece ser que tampoco las urnas hablaron con suficiente claridad como para hacer pensar en cambios de comportamiento a corto plazo. El mensaje ciudadano no ha sido percibido por los viejos elefantes del circo público con la nitidez debida. No quieren cambiar, no saben o están pillados por la intrahistoria de tantos años de connivencia, amiguismo y favores con acuse de recibo.
Con ser grave la contaminación antisocial, cifrada económicamente en un punto y medio del PIB, lo más preocupante para la marca España es que a quienes tienen entre sus cometidos velar por el cumplimiento de las normas, les impidan hacer su trabajo las tutorías político-ministeriales, también de carácter antisocial, a través de intimidaciones coactivas. El ministro Catalá y los responsables de las fiscalías anticorrupción y General del Estado, que ejercen sus funciones al dictado del primero, en cualquier país democrático que se precie de respetar las decisiones judiciales, y no sólo como recurso retórico, bajo el principio de la no injerencia política, estarían fuera de sus respectivos cargos hace semanas, cuando no meses, como es el caso de Rafael Catalá Polo, ministro de "Injusticia".
Ya no puede caer más bajo nuestro Estado de derecho. La siguiente cota de desprestigio internacional sería la imputación de Rajoy en el caso de la financiación irregular del partido. La rebelión de las masas manifestada en la plaza del Sol, bajo el impulso de la indignación, sirvió para poner punto final al régimen bipartidista, pero no consiguió erradicar los usos y costumbres provenientes de una Transición opaca. ¿Qué le queda a un pueblo en el que la justicia ha sido sustituida por la dictadura del voto que emana del miedo, la mentira y la perversión de la ley?
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