Pruebas de diagnóstico

Como profesora de Enseñanza Secundaria en centros públicos de nuestra comunidad autónoma desde hace veinte años, me gustaría agradecer a las autoridades educativas que nos gobiernan el gran interés que han mostrado estos días en aparecer en los periódicos explicando la necesidad que tiene nuestros sistema educativo de realizar diagnósticos periódicos para ver cuál es su nivel de calidad y, a partir de ahí, mejorarlo. Asimismo, en las varias aportaciones que han hecho a la prensa señalan que manifestarse en contra de la manera de realizar dicha evaluación y/o impedir que el alumnado realice los exámenes correspondientes en realidad lo que supone es un grave desprecio por el trabajo del profesorado, que es a fin de cuentas el principal interesado (junto con las familias) en lograr una enseñanza de calidad.

Lástima, pues, que nuestras autoridades hayan decidido evaluar el sistema educativo de la comunidad sin tener en cuenta precisamente a quienes son los más interesados en dicha calidad.

Hagamos, pues, el diagnóstico del sistema que nos pide la Administración.

El aumento de la carga horaria lectiva en dos horas semanales, que parece insignificante mirado como una simple cifra, supone en realidad que un profesor tenga un grupo más de alrededor de 25 alumnos a su cargo. Esto, junto con el hecho de que la mayoría de las materias han pasado a tener tres, dos o incluso una hora semanal, hace que un profesor que hace tres años tenía una media de entre 80 y 120 alumnos por año (dependiendo de su especialidad) ha pasado ahora a una media, en general, de entre 100 y 140, llegando en algunos casos a más de 200. Añadan que la mayoría de nosotros debemos ahora preparar entre cuatro y seis materias, frente a las tres o cuatro que impartíamos antes. Multipliquen eso por ejercicios y exámenes.

Se nos pide, asimismo, que utilicemos las nuevas tecnologías en el aula. Pero se evita dar otros datos. Como que antes la Administración pagaba actualizaciones o determinadas suscripciones, y que ahora eso debe hacerlo cada centro con el dinero que se le adjudica. Dinero que, por cierto, sirve para pagar las facturas de enero a diciembre, pero suele llegar en abril. Asimismo, prácticamente ningún centro dispone de personal especializado que se encargue del mantenimiento de los equipos. El profesor que antes se ocupaba (porque por su formación podía) tenía una reducción horaria de diez horas para mantener los equipos al día. Dicha reducción horaria es ahora de cinco horas (si no me equivoco). Eso sí, se nos pide que cada vez haya más equipos, más actuales, que funcionen mejor, que los usemos todos…

Cada vez más, a lo largo del curso, tenemos un goteo de alumnos que se van incorporando desde noviembre hasta mayo porque sus familias acaban de llegar a la ciudad. Muchos vienen sin saber el idioma. Las aulas de inmersión lingüística los atienden durante unas horas, y las otras están en las clases normales. Eso es absolutamente frustrante, tanto para el profesorado que ha de tenerlos en clase sin que se enteren de nada como, supongo, para ellos. A ese nuevo alumnado, además, se le incorpora al curso correspondiente por edad, sin tener en cuenta sus condiciones previas de escolarización. Más frustración, sin que la Administración nos dé otra solución que “el alumno tiene derecho a estar escolarizado”. Bueno… “escolarizado” está.

Y no me paro aquí a hablarles del alumnado que rondando los 14 o 15 años, con manifiesto “fracaso” escolar (supongo que negarse fehacientemente a cualquier tipo de aprendizaje es un fracaso), debe seguir en la enseñanza obligatoria hasta los 16, y de los resultados de su “fracaso” para el profesorado y el resto de compañeros; chicos que se niegan sistemáticamente a hacer nada, sin material, con móviles en clase… Familias que responden y colaboran, o familias que no hacen caso cuando las informas. Problemas de comportamiento, de actitud, falta de interés…

Y profesores cada vez más cansados, más agobiados por tener que estar continuamente explicando cómo se debe estar en un aula, atendiendo a familias preocupadas por el futuro de sus hijos, haciendo de abogados, de psicólogos, de intermediarios… además de intentar desarrollar unos temarios cada vez más amplios y más teóricos. Y que al final sirven para que nuestro alumnado sea “evaluado” en unas pruebas de diagnóstico de las que nos ha llegado la información dos días antes de su realización, y que deberemos corregir también nosotros (sin reducción horaria ni cobro de horas extra), justo cuando tenemos más carga de trabajo: a final de curso.

Profesores que, además, si se quedan afónicos y tienen que pedir una baja de seis días (fin de semana incluido) verán cómo la Administración les hace el bonito favor de descontarles 400 euros de su sueldo. Porque una afonía funcional debida a la profesión (palabras del médico) no es enfermedad profesional.

¿Necesita nuestra Administración algún elemento más de diagnóstico? Porque seguramente se me han quedado algunas cosas en el tintero… o en la tablet.