El separatismo catalalán eleva su desafío
Carles Puigdemont acaba de lanzar un ultimátum al Gobierno al asegurar que "jamás" renunciará a celebrar un referéndum independentista y que, de no mediar un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas semanas, tiene previsto consumar su amenaza cuanto antes. El Gobierno catalán no sólo no está dispuesto a dar marcha atrás, sino que ha dejado claro que no piensa demorar su órdago al Estado.
En realidad, lo que realmente hizo fue ratificar la extraordinaria gravedad del desafío separatista. Está claro que ni Puigdemont ni sus adláteres se mueven en una lógica institucional que facilite la búsqueda de acuerdos. Su propósito de organizar un referéndum, que liquidaría la soberanía nacional, hace inviable cualquier acercamiento con el Gobierno. En consecuencia, actos como éste sólo sirven para alimentar la retórica de los dirigentes separatistas, que necesitan seguir parapetados en el victimismo para justificar su deslealtad.
Según ciertos juristas de prestigio, Puigdemont, Artur Mas y sus lacayos han cometido un delito de sedición y, además, están perpetrando un golpe de Estado. Hay que calificarles sencillamente de golpistas. Y son muchos los que piensan que, si dispusieran de carros de combate y organización militar, ese golpe de Estado que preparan pasaría de incruento a violento.
Se da por seguro que la Generalitat está en el golpe desde hace un tiempo, y el último minuto ya ha pasado: tiene preparada la ley de ruptura y el cambio del reglamento en el Parlament para aprobarla sin trámite alguno. El president Puigdemont ha retado a Mariano Rajoy, preguntándose: ¿hará uso de la fuerza?. El presidente no debe contestar porque no va a regalar la gasolina a un pirómano, pero la respuesta debe ser --tiene que ser-- a todo lo que contemple la ley, de un modo gradual y proporcional.
Recientemente, varios amigos se mostraron sorprendidos de que yo sostuviese que, si hiciese falta, el Ejército debería intervenir. A cada agresión, y entiendo que la segregación de una parte del país lo es, hay que responder de acuerdo con la Constitución. El artículo 97 es un imperativo para el Gobierno, que es a quien incumbe la defensa del Estado. El artículo 155, por su parte, habilita al Ejecutivo para tomar cuantas medidas sean necesarias si una comunidad actúa en contra del interés general. La plantilla de Mossos, por ejemplo, puede ser empleada para impedir el referéndum. Para ello, hace falta mayoría absoluta del Senado, porque esto no es Venezuela ni la Cataluña que propone Puigdemont. Y, por otro lado, el artículo 8 encarga al Ejército, institución supeditada al Gobierno, la integridad del país. Supongo que estos artículos han sido incluidos en nuestra Carta Magna por algo concreto, no como adorno. Además, España, no sólo es una nación, sino un Estado.
Con ello no pretendo decir que los tanques entren por la Diagonal si Puigdemont convoca el referéndum, pero estimo que para entonces deberían de estar en marcha las medidas para defender el orden constitucional. ¿Es grave? Claro que es grave, y lo pasaremos mal, pero es que hay una rebelión en marcha que no concluirá si el gobierno de la Generalitat, formado por personas de carne y hueso, que creen que el Estado no actuará hasta el final. Y esto, la asunción del deber constitucional, no excluye que, a la vez, se inicien vías de negociación.
Es probable que no resulte necesario el uso de la fuerza para desbaratar el secesionismo catalán. Nuestra Constitución establece fórmulas varias que permiten embridar a las Autonomías.
En todo caso, Mariano Rajoy juró hacer cumplir la ley. Y esa es su obligación en lugar de soportar a un político de tercera división como Puigdemont, que tiene la desfachatez de preguntarle si usará la fuerza para evitar el secesionismo.
No obstante ello, el Estado debe contemplar todas las opciones que permite la ley para aplacar una amenaza que Puigdemont dejó claro hace escasos días, que no piensa postergar.
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