La financiación de los partidos políticos
Treinta años después de aprobarse la primera ley de financiación de los partidos políticos, la norma todavía transige que sus fundaciones políticas sigan recibiendo donativos provenientes del ámbito empresarial, cuando en la mayoría de los casos los donantes son empresas que realizan trabajos para la Administración pública.
Es evidente que esta práctica allana el camino a la corrupción, dando lugar a que un partido con responsabilidades de gobierno como el PP esté acusado en los tribunales de financiarse ilegalmente. Esta ley, a pesar de ser modificada en tres ocasiones, más que introducir medidas restrictivas para las actuaciones corruptas, las mismas sólo supusieron un mero maquillaje, pues las teóricas medidas que afectaban a la financiación de los partidos no se hicieron extensivas a sus fundaciones, que siguen siendo actualmente las receptoras de las mordidas compensatorias por la adjudicación de obras y servicios de la Administración pública y, por tanto, la figura empleada para el financiamiento ilegal de las formaciones políticas, siendo esta financiación una constante fuente de escándalos que posibilita a una ralea política de poca moralidad estar por encima de las instituciones. De ahí la necesidad urgente de endurecer de una vez por todas el marco legal que ponga fin a treinta años de libertinaje, y si la vía penal no es suficiente para su erradicación, llegado el caso habrá que legislar una norma que promueva un proceso de ilegalización del partido implicado, obligándolo a su disolución. Claro está que con actitudes como la de Rajoy, que estando al frente del Gobierno y de su partido político, manifiesta sin rubor alguno no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, mientras algunos de sus políticos saqueaban las arcas públicas, blanqueaban dinero, amañaban contratos y se embolsaban millonarias comisiones, delitos de los cuales, repito, dice no enterarse, por tanto para qué citarlo como testigo; se debería exigir su total inhabilitación para el desempeño de cargo público, pues qué desdicha para los españoles tener un presidente que no se entera de nada.
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