Las irregularidades en la variante de Pajares
En las últimas semanas están saliendo a la luz noticias sobre discrepancias económicas y administrativas en las adjudicaciones de una de las obras que más quebraderos de cabeza han traído a los asturianos. Más allá de nuestra geografía escarpada, de los impactos de la crisis económica y de los problemas de financiación que todos conocemos, hay que buscar más razones para encontrar el porqué de la situación de la variante de Pajares.
Como vecino y persona que ha nacido y ama Asturias puedo aportar mi granito de arena para comprender la lentitud en esta obra tan dantesca. Hasta hace poco yo era un creyente devoto seguidor de las versiones oficiales que había sobre esta obra: problemas de sobrecostes, ausencia de financiación, dificultades con la finalización de la obra... Todo hasta que fui contratado en la obra de la que hablaban todos los asturianos. Mi paso por la empresa que gestiona la seguridad de la Variante no es algo que creo que sea de interés general de todos los asturianos.
Sin embargo, hay una serie de hechos que creo que es importante poner en conocimiento de todos los ciudadanos. El día 19 de abril del presente año, la empresa pública Tragsa, S. A., adjudica a través de contrato público la seguridad de la variante de Pajares a una empresa privada (por cuestiones de privacidad, el nombre de esta empresa no va a ser desvelado). El contrato de seguridad se adjudica por un importe de 529.933,32 euros, sobre un precio de salida que estaba en 788.615,17 euros. Esta información es de carácter público y es fácilmente comprobable. La pregunta es, ¿cómo puede una empresa bajar más de 200.000 euros en una adjudicación pública para llevarse el contrato y que a nadie se le pase este detalle desapercibido?
La respuesta es tan simple como injusta. La empresa a la que le ha sido adjudicada esta obra no tiene siquiera sede en Asturias, tiene su sede y razón social en Madrid. Esta empresa no cumple con la legislación laboral de este país, ya debilitada con la reforma laboral de 2012. En la seguridad de la obra más importante del Principado se están imponiendo jornadas de doce horas a los trabajadores, exigiéndoles horas de trabajo extra no remuneradas y pasando por alto el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas. Todo desde Madrid, sin contacto físico con los empleados.
El motivo es obtener el precio más competitivo. Obtener un ahorro gracias a los trabajadores, con el beneplácito de la Administración, el silencio de la opinión pública y el dudoso destino del dinero público de todos los asturianos. En un país en el que los contratos públicos no son públicos, algo no funciona. Todo esto no cambiará hasta que no se exija transparencia y cumplimiento de la ley en todos los sentidos.
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