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Aplicar el artículo 155, ¿por qué no?

24 de Julio del 2017 - José Antonio Gutiérrez González (Piedras Blancas)

En mis tiempos de escolaridad cuando llegaban las vacaciones de verano jamás pensabas que vendría el otoño y con él la vuelta al colegio. Hoy, parece que ésta es la postura de muchos políticos que no recuerdan que para el 1 de octubre el Gobierno catalán tiene previsto un referéndum y que en caso de prosperar el sí, aunque sea por un solo voto, implicaría la proclamación de Cataluña como nación independiente de España.

En principio, parece una broma de mal gusto que una decisión tan importante se pueda adoptar con tanta ligereza y en contra de la ley. Es verdad que los catalanes, que nunca fueron independientes, tienen un sentimiento muy extendido de su singularidad. Pero ese sentimiento también lo poseen los gallegos, los vascos, los canarios, etcétera.

Si partimos del supuesto de que la convocatoria de un referendo ilegal en Cataluña es una agresión contra el Estado y contra el principio de soberanía popular recogido en nuestra Carta Magna, hay que entender que el Estado responda con toda la contundencia que le permita la ley. De esta forma, la aplicación del tan traído y llevado artículo 155 sería no sólo razonable sino perfectamente justificable.

Reclamar, por tanto, la aplicación vigente del 155 debe ser una postura común y obligación ineludible de todos los partidos políticos, que para ser autorizados y poder funcionar están requeridos a aceptar expresamente la máxima ley del Estado y actuar conforme a ella. Pero como ocurre en otras variadas cuestiones, idénticamente que España, los españoles somos diferentes. Así, en IU, Podemos y en Comú dicen que les parece bien la consulta, aunque no consideran su resultado vinculante. Por ello, nos preguntamos ¿entonces para qué se celebra? Ciertamente, hay cosas mejores en qué emplear tiempo y dinero. Por su parte, los de Izquierda Anticapitalista apoyan el referéndum previo pacto, pero, asimismo, si se celebra sin pacto, que no se criminalice.

El PSOE, primer partido de la oposición y con el que hay que contar ante una cuestión de esta envergadura, tampoco se aclara. Dice su nuevo secretario general que está con el Gobierno y que lo apoyará. Después vuelve de nuevo a lo de la España plurinacional, que suena bonito, pero que casi sólo él entiende. Su ingenua portavoz manifiesta que se trata de respaldar al Ejecutivo lo menos posible, que éste debe tomar la iniciativa y, si no lo hace, será su partido, el PSOE, el que presentará en el Congreso medidas que no aclaró. Sí, en cambio, pidió “mesura y que no se aplique al artículo 155”.

Como se observará, ni en esto están de acuerdo, porque el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que no se representa más que a sí mismo, en un reciente artículo de prensa consideró que el Gobierno tiene toda la legitimidad para aplicarlo. Este mencionado artículo 155, en contra de lo que se supone, no prevé la suspensión de la autonomía, sino que faculta para adoptar medidas que obliguen al cumplimiento de la ley.

Aunque al final no se celebre la consulta, que es lo más probable, lo que se perfila es un pulso al Estado para lograr ventajas financieras y de autogobierno que dividan España en dos: la de los privilegiados y la del resto.

Aunque el referéndum ilegal termine siendo la bufonada que se prevé, el pulso al Estado está echado, y el Estado de ninguna de las maneras puede –no debe– permitir ciertos pulsos.

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