Pensionista, a apretarse el cinturón
Nos equivocamos, y mucho, si no legislamos a favor de la generación que nació en la época más convulsa del siglo XX y en la que los derechos sociales se ganaban o se perdían. Nuestros mayores, hombres y mujeres que nacieron entre 1930 y 1950, muchos de ellos fueron unos perdedores desde la cuna y 85 años después aún se lo estamos haciendo pagar.
No es pues de recibo subir las pensiones mínimas tan solo un 0,25%, y me reafirmo en ello. Si hay que hacer un esfuerzo, hagámoslo con estos pensionistas que, sea cual sea el motivo por el que reciben la prestación y que cobran una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, sin prorrateos ni engaños.
El Pacto de Toledo debería admitirlo. Es decir, que todos aquellos que no lleguen al SMI tengan subidas como mínimo iguales a la inflación, más un punto porcentual. Pues no es lo mismo un 0,25 por ciento para quien recibe 2.567 euros de pensión máxima, que para quien cobra la más inferior de 595 euros por tener más de 65 años y sin cónyuge a cargo. En este caso, con una inflación anual del 1,50%, sería lo justo una subida del 2,50 por ciento, en todas las pensiones que no superen el SMI.
Pero también existe una segunda parte. Hasta el año 2022, la autoridad fiscal prevé que todas las pensiones españolas no suban más de 0,25% anual. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional no solo lo augura, lo recomienda para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto significa que los pensionistas perderán en esos años más de la décima parte de su actual poder adquisitivo. Por ello, en previsión, ya pueden ir aligerando la cesta de la compra dejando en las estanterías del supermercado todos los productos más prescindibles.
La pensión media en Asturias, que no se cuenta entre las más bajas, es actualmente de 780 euros al mes y en el 2022, tras los sucesivos incrementos de dos euros de subida cada una de las catorce pagas anuales, percibirá 792 euros. Pero todos esos productos y servicios que hoy va solucionan con 780 euros --los garbanzos, el alquiler, el recibo de la luz, el copago de las pastillas en la farmacia, el billete del autobús, etc.--, le costarán entonces, suponiendo una tasa de inflación del 2% anual, 878 euros y la cesta de la compra mensual se habrá encarecido en casi 100. Si tiene la suerte de no haber fallecido, su poder de consumo habrá mermado al menos en un 11 por ciento.
Todo sea en aras de la sostenibilidad. Porque a mí las cuentas no me salen. En el mismo evangelio del FMI que predica la austeridad del pensionista, se entonan alabanzas al crecimiento español. Damos por hecho que las rentas de los españoles este año crecerán sobre un 3,1%, pero la renta de los pensionistas sólo un 0,25 por ciento. Lo que entona la pregunta clave que nadie parece querer responder: ¿Qué parte de la renta estamos dispuestos a destinar a la financiación del sistema?.
Mas esto no es todo. Cuando el FMI propugna la contratación de pensiones privadas --"ahorro complementario", le llama--, es para echarse a temblar. La musiquilla tiene tal sonsonete fúnebre que parece un ensayo de la orquesta para el entierro del sistema público de pensiones. Con un estribillo bien conocido: suscriba usted un plan privado, ya que la pensión pública será cada vez más raquítica. Dando por seguro que hay dinero para ese "ahorro complementario", nos seguimos cuestionando: ¿por qué no lo hay para el "ahorro público"? Ciertamente, dinero sí lo hay, pero no precisamente en el bolsillo del trabajador en precario, del joven submileurista o de la familia que a duras penas llega a final de mes.
Entre un sistema público de pensiones y los planes privados hay dos diferencias fundamentales: el primero, tiene la garantía del Estado y cumple, asimismo, una función redistributiva, por eso existen pensiones mínimas, cuyos beneficiarios reciben más de lo que aportaron, y pensiones máximas, cuyo importe es inferior a la contribución realizada durante la vida laboral.
Para finalizar, pedimos a quien proceda, que se cambie la ley de IRPF para que al fin las pensiones las podamos disfrutar sin ser sometidas al expolio de los sucesivos gobiernos. La mayor parte del colectivo pensionista estima que las pensiones contributivas no tendrían que considerarse como renta de ningún tipo ya que se han logrado cotizando durante una larga vida profesional.
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