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Estado sin territorio

19 de Septiembre del 2017 - Antón Corostola (Avilés)

En la contraportada de su periódico, el señor Rosell explica con claridad uno de los mayores problemas que tiene España: prácticamente define a España como un Estado sin territorio y lo considero cierto. Es imposible gobernar un país cuando el Gobierno en la práctica carece de competencias en las 19 “parcelas” en que está dividido. El ejemplo más esperpéntico lo tenemos en Cataluña, donde las leyes del Estado no rigen. ¿De qué sirve repetir hasta la saciedad que la secesión se resolverá con la ley, si quienes deben no la cumplen y además no les ocurre nada? La ley sin el poder coercitivo que la sustenta no sirve de nada.

Siguiendo en orden descendente, las propias “parcelas” lo tienen difícil, ya que los ayuntamientos hacen con ellas lo que ellas hacen con el Estado, y continuando llegamos aquí mismo al absurdo de que no se puede construir una simple perrera porque a uno de los ayuntamientos no le gusta el lugar, a otro no le gusta el sistema de gestión que se pretende implantar y a otro seguramente le gustaría más que fuera para gatos. Parecido ocurre con los residuos, pues lo discuten y no sólo se oponen casi todos a que se instale la industria en su feudo, sino a que la basura se convierta en energía ahora que está tan cara.

Así comprobamos que cualquier cosa que se quiera hacer en España no depende de su utilidad o conveniencia para los ciudadanos, sino del capricho de un pequeño Ayuntamiento.

Mientras tanto se olvidan de sus responsabilidades primarias y mientras incluso discuten sobre la conveniencia de haber votado a Trump en Estados Unidos no se ocupan de reparar una “piscina” que se forma cuando llueve aquí en Avilés, en el paso de peatones de la calle de Los Telares, justo enfrente de la Residencia Larrañaga, donde todos los días cruzamos a los ancianos en sus sillas de ruedas. Temo incluso que algún día se caiga y ahogue alguno, pues para su auxilio se convocaría Pleno para decidir si corresponde a la Autoridad de Marina, a la Junta de Obras del Puerto o a los socorristas de la playa más próxima –Gozón o Castrillón– y, claro está, habrá que contar con la autorización de sus alcaldes. Si la ironía sirve para que lo reparen, bienvenida sea ésta.

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